Funcionarios tramposos a la cárcel

Asadero Político Por. Antonio Zavaleta Los bribones o fulleros, se han convertido en un mal a nivel nacional que como enfermedad endémica nace y se expande vorazmente en procesos electorales del país, esos procesos de escamoteo terco; son los culpables de que porcentajes significativos de la población en México y Latinoamérica estén en contra de la justicia y democracia, al grado de perder credibilidad en comicios por trampa y la intervención de funcionarios de los tres niveles de gobierno genera inverosimilitud o incertidumbre; precisamente de allí se deriva el abstencionismo; otro mal por consecuencia y beneficio para los Partidos Políticos con mejores bases sociales y sectores. Sin duda los movimientos en el juego de la política nacional son consecutivos aunque estemos en un año de reposo. Hay que recordar que el 2009 es temporada de elecciones o bien denominadas campañas medievales en busca de las mayorías en el Poder Legislativo. De allí se derivan los llamados de unidad que tanto necesita el PRI a nivel nacional; cuando sus cloacas y catervas de bajo nivel no entienden los intereses de la burbuja nacional y han comenzado a despedazarse como pirañas. Mientras Acción Nacional ha fortalecido sus filas; preocupado por protegerse de los ataques del Sol Azteca. Los usos y costumbres varían en cada estado de la república, aunque la grilla es la misma, y por eso en Chiapas ya se comenzaron a sentir los efectos de la “Reforma Electoral”. Escudos, armas y penas En un año sosegado como el 2008, en Chiapas buscan redoblar esfuerzos contra los bribones; es decir, contra aquellos funcionarios públicos, líderes religiosos, catedráticos grilleros de las universidades, así como organizaciones sociales y empresariales que estén a la expectativa de manipular elecciones, lucrar y corromper los comicios con incitación a la violencia. Este fenómeno se da cuando la propaganda resulta dañada y finalmente repercute en inestabilidad social. ¿Quién quiere entrarle al palenque? Resulta que para los valientes que busquen intervenir en las próximas elecciones con estas costumbres añejas; solamente serán favorecidos con sanciones penales de 3 meses a 12 años de CARCEL. Con el establecimiento de la reforma electoral dentro de un marco jurídico y penal en Chiapas, las sanciones y apercibimientos serán en contra de cualquier servidor público, catedrático, organización social y empresarial; así como líder religioso que viole la ley con alteraciones, destrucción y borrado de propaganda de cualquier Partido Político en tiempo de elección. Hay que resaltar que los comicios del 2009 están a la vuelta de la esquina; previo ya ha comenzado la efervescencia y los preparativos para evitar anomalías ¿Se podrá evitar? Una bahía para estafadores Como muestra basta un botón, y es que en las pasadas elecciones la Costa de Chiapas; es decir los 16 municipios que comprenden la Región Soconusco fue muy criticada al registrar una fuerte incidencia de delitos electorales. Para evitar el hurto y compra de votos y voluntades, se busca erradicar las violaciones a la norma en toda la Costa. Los pasados comicios locales en Chiapas, fueron envueltos en una serie de incongruencias y tendencias. Según el Fiscal Electoral Julio César Fernández, menciona que hay tiempo para denunciar, y en este caso se actuaría contra aquel funcionario que se entrometió en las elecciones para una participación descarada. ¿Se podrá aplicar este proceso jurídico al fin de cuentas? Hay ocasiones que resultan programas silenciosos y que los propios Partidos Políticos buscan comprar o manipular. El lado oficial de las cosas Para obtener buenos resultados se han establecido mesas de trabajo con servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales, personal docente de varios Instituciones educativas y por consecuencia con los alumnos para prevenirlos, además de extender las recomendaciones a otros sectores de la sociedad chiapaneca. Para los políticos, las nuevas formas de campaña están enfocadas a la modernidad, no tanto como el marketing que se vive en Europa o en España; aunque el oportunismo ahora está basado en manipular a masas estudiantiles. Normalmente el voto perdido ha sido los que no se involucran en campañas, y ese, es exactamente el más valioso en la actualidad. Por eso en años anteriores involucraron mayormente a las preparatorias y universidades. De allí la inquietud de las autoridades en aplacar a los maestros incitadores y promotores del voto, cuando buscan establecer eventos en donde obligan a los alumnos a intervenir; la agresividad está por demás cuando hay amenazas de reprobar o desatender las actividades académicas. Para mayor reforzamiento preventivo, también buscan establecer un vínculo con las agrupaciones religiosas. Por años el clero a fungido como una herramienta de conquista; tal y como se establece dentro de los acontecimientos históricos de América. En la etapa global, predomina un sin fin de grupos; todos en busca de persuadir y acrecentar sus masas para fines. El caso es; que la reforma electoral se ha convertido en un delito penal para aquellos que la infrinjan. Con relación al tema de la difamación en campañas políticas, solamente tendrá un castigo administrativo para los partidos políticos; aunque conforme al marco jurídico federal ya se prohibió determinadas expresiones en los medios de comunicación masiva. BRAZAS. -Un funcionario del INFONAVIT que responde al nombre de Francisco Velarde Corral, está involucrado en un presunto fraude de 205 mil pesos en Tapachula. Chiapas; dinero que supuestamente estaba designado para escrituración de 88 lotes de la Colonia la Victoria. En esta colonia predominan los conflictos por parte de 2 líderes; quienes hasta incitaron a una serie de agarrones entre habitantes. Por un lado acusan a líderes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata OPEZ, quienes procedentes de otras colonias supuestamente arribaron para tratar la manera de vender asesoría y agenciarse la colonia con su nombre. Este problema ya involucró hasta el proceso de escrituración y una Notaria de un ex presidente Municipal. El caso tuve que ser atendido por los juzgados, bajo el expediente 719, el cual impugnan con un acta. En este suceso deberán intervenir las autoridades, por que una de las partes ya declaró que pueden intervenir las pedradas y machetazos. Así de grave, como si fuera la época cavernícola. Comentarios y denuncias azreporterochiapas@hotmail.com azavah@email.phoenix.edu www.fronterizochiapas.blogspot.com

Presión contra órganos de transparencia

Excélsior 11 de marzo de 2008. Dorangélica de la Rocha * Si bien la sociedad fue testigo en los últimos años de la aparición en las entidades federativas de órganos reguladores del derecho de acceso a la información, cuya concepción atiende al respeto irrestricto de un derecho humano, que se traduce en la posibilidad de verificar los actos de gobierno a través del mecanismo de la solicitud de información, y que dichos órganos tienen la función esencial de garantizar a las personas el ejercicio de ese derecho, lo cierto es que en poco tiempo estos organismos del Estado, en algunos casos, han resultado incómodos para quienes detentan el poder. Una serie de situaciones a lo largo y ancho del país sostienen la afirmación, sin importar el signo político que gobierne ni el grado de desarrollo de la entidad federativa involucrada. Un crudo ejemplo: entre las propuestas de adecuación constitucional a la norma primaria de Querétaro, se encuentra la desaparición del órgano regulador del acceso a la información. El nuevo esquema tendría su origen en la concepción del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano que debe ser tratado, según se dice, desde la competencia de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad federativa. Si esto fuere así, estaríamos hablando de un grave retroceso en la materia del acceso a la información, porque la naturaleza de uno y otro organismo es distinta. La óptica constitucional nos hace ver que el organismo regulador del acceso a la información se inserta en el apartado de las garantías individuales, mientras que el organismo de derechos humanos se agrupa dentro del esquema del poder público. Esto hace que los primeros sean organismos cualitativamente distintos de los segundos, porque supone la posibilidad de garantizar a las personas que la información pública llegue a su conocimiento, si es necesario, bajo el mandato del organismo regulador. Esto no se lograría si partiéramos del esquema de que el organismo protector de derechos humanos defina la materia de la información, porque éstos se limitan a emitir recomendaciones que no vinculan a las autoridades del poder público, por lo que dejarían a elección de las autoridades si entregan o no la información. Esa lógica tan distinta en la naturaleza de las resoluciones hace eficaces a los primeros, e incapacita a los segundos. Los organismos de acceso a la información de la República se diseñaron para garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información concebido en su doble aspecto; esto es, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, sumada a la no fácil tarea de difundir los alcances de estos derechos: hacerlos permear al interior de la sociedad, e impulsar el escaso desarrollo en materia de archivos gubernamentales. En realidad estos organismos son tan necesarios e indispensables en una sociedad que transita de la opacidad a la transparencia, que desaparecerlos sería retroceder incluso en el tiempo. Es claro que el proceder ilustrado violaría el artículo 6o. constitucional que dispone que los procedimientos de revisión de respuestas generadas por las entidades públicas deben sustanciarse ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Aun más, si se insiste en este camino, se haría nugatoria parte importante de la reciente reforma a la ley fundamental, que está pensada en la consolidación de estos organismos. No hay duda de que en un futuro, cuando el derecho a la información sea quehacer cotidiano, cuando las entidades compartan la información con los gobernados en forma espontánea, y cuando se consoliden plenamente los sistemas de rendición de cuentas, los organismos especializados creados para iniciar estas buenas prácticas tenderán a desaparecer, en razón de que el objetivo que los creó haya sido satisfecho o alcanzado, y significará que la cultura de la transparencia se ha arraigado. Pero esta lógica se verá extendida a todos los organismos creados para perfeccionar tal o cual función, como es el caso del Instituto Federal Electoral (IFE), que al menos deberá tender a compactarse en el momento en que el respeto por la vida democrática haya avanzado lo suficiente. Asimismo, cabe subrayar que el derecho a la información tiene la cualidad de ser un factor que incide en la promoción de otros derechos, ya que su finalidad es brindar información a las personas para que éstas a su vez y desde su ámbito personal tomen decisiones libremente. Este año, a más tardar el 20 de julio, todas las leyes de acceso a la información del país tendrán que cumplir con los mínimos que establece la reforma al artículo 6o. Constitucional en esta materia. Esta reforma permitirá a muchos de los órganos de transparencia contar con mejores y más claras legislaciones, con lo cual podrán tener herramientas jurídicas más efectivas para defender a las personas que son víctimas de funcionarios públicos que les niegan información que por ley deberían liberar. Sin embargo, estos órganos de transparencia deben permanecer atentos y no ser ingenuos, ya que en la coyuntura de la reforma, algunos políticos incómodos podrían aprovechar el momento y la confusión que aún existe sobre este tema, para empujar contrareformas y retrocesos en los estados de la República, como se quiere hacer en Quintana Roo y Jalisco. O el caso extremo: la pretensión de desaparecer la Comisión de transparencia de Querétaro, uno de los primeros organismos de transparencia creados en este país. * COMUNICÓLOGA, ESPECIALISTA EN DERECHO DE LA INFORMACIÓN. ES PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE SINALOA, LA PRIMERA INSTANCIA DE SU TIPO EN EL PAÍS.

Reacción iracunda de Pemex

Columna de Miguel Badillohttp://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=280 Resulta que el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, se comunicó la semana pasada al área comercial de Contralínea, para aclarar y advertir que ante lo revelado en esa revista sobre las relaciones comerciales de Mouriño con Pemex, “es una decisión institucional no volver a anunciarse ni a dar una sola pauta publicitaria de esta empresa del Estado para la revista Contralínea”. Y aprovechando que hablamos de Petróleos Mexicanos, es ahí en esta empresa petrolera del Estado y de la cual dicen “es de todos los mexicanos”, en donde se ha dado la primera reacción iracunda como una “respuesta institucional” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para externar su malestar con la revista Contralínea por haberse atrevido a hacer públicos los contratos firmados por el empresario y ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de accionista y apoderado legal de la empresa Ivancar, para obtener convenios que le permitan a él y su familia allegarse recursos públicos por proporcionar servicios de transporte a Pemex. Resulta que el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, se comunicó la semana pasada al área comercial de Contralínea, para aclarar y advertir que ante lo revelado en esa revista sobre las relaciones comerciales de Mouriño con Pemex, “es una decisión institucional no volver a anunciarse ni a dar una sola pauta publicitaria de esta empresa del Estado para la revista Contralínea”. Ramírez cree que el dinero público que se maneja en una empresa del Estado como Pemex no es de los mexicanos, sino que es propiedad del presidente de la República, del director general de Pemex y hasta de él mismo, por lo cual este bisoño jefe de prensa ha decidido institucionalmente “castigar” a la revista Contralínea y retirarla de su lista de anunciantes como una primer medida del gobierno panista de Calderón para quien se atreva a denunciar hechos de corrupción en los que se envuelve la administración pública federal

REALIZAN FORO “FISCALIZACIÒN Y COMERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN MÈXICO”.

México, D.F.- Las falsificación y adulteración de medicamentos provocan pérdidas anuales a la industria de la salud por más de 10 mil millones pesos, que representan entre 10 y 12 por ciento de la producción total de medicinas en el país. Durante el foro “Fiscalización y Comercio Ilegal de Medicamentos en México”, organizado por la senadora María Elena Orantes López, donde estuvo acompañada del Secretario de Salud en el País, José Ángel Córdova Villalobos, la parlamentaria afirmó que las prácticas ilegales en este sector afectan considerablemente no sólo a las políticas de salud, sino a cualquier persona que adquiere medicamentos. En este evento en el que estuvo también presente el diputado Éctor Ramírez Barba, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se afirmó que de acuerdo con estimaciones de la propia industria, la elaboración de medicamentos en el país genera 40 mil empleos directos y 120 mil de manera indirecta, con ventas acumuladas por más de 88 mil millones de pesos en los últimos años. Sin embargo, la legisladora explicó que la industria de la salud ha sido afectada seriamente por la venta ilegal de medicamentos para uso humano introducidos al país por parte de organizaciones criminales que los comercializan en mercados informales. Este delito, agregó, perjudica directamente a las personas que buscan obtener un medicamento a un menor costo pero adquieren productos adulterados o falsificaciones de dudosa procedencia; además que no permite a las empresas legalmente establecidas asegurar un abasto con precios más accesibles a la población por las distorsiones que se provoca en el mercado. Estas prácticas, dijo, representan al menos 12 por ciento del mercado farmacéutico nacional y tienden a aumentar según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades federales y locales, se han visto rebasadas en los últimos años para atacar con eficacia el contrabando de productos, en general, y de fármacos para consumo humano, en lo particular, que requiere de sistemas adecuados de seguimiento y vigilancia que permitan controles eficientes para el ingreso de medicamentos o de materias primas, aditivos y precursores químicos. Recordó que se presentará una iniciativa para que desde la Cámara de Senadores, se establezcan los mecanismos necesarios para combatir estos delitos y establecer los controles que permitan a las autoridades reducir estos delitos a nivel nacional y local. A través de la tecnología, insistió, se tienen elementos a la mano para garantizar un abasto seguro y certificado de medicamentos, así como de otros componente químico que limiten los espacios que tienen las organizaciones criminales para introducir falsificaciones y medicinas adulteradas al país. Por su parte, José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, se refirió a la venta de medicamentos a través de internet, es un medio de fácil utilización para los delincuentes y al cual pueden acceder cualquier persona. En tanto, Gustavo Olaiz, del Instituto Nacional de Salud Pública, mencionó que la falsificación de medicamentos es parte de un fenómeno de distribución de fármacos que no cumplen con normas mínimas de seguridad, calidad y eficacia. Al respecto, propuso que para enfrentar el problema de la falsificación de medicamentos, es necesario readecuar las normas aplicables y fortalecer la función de las aduanas. Asimismo, intensificar los operativos conjuntos que realizan diversas dependencias federales, y reforzar los programas de recolección de medicamentos caducos. Carlos Abelleyda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló que la piratería generalmente se vincula con las industrias del vestido y espectáculo, sin embargo, en el sector farmacéutico genera pérdidas de 600 billones de dólares a nivel mundial. La tendencia va a la alza y se estima que para el 2010, las pérdidas serán de mil 200 billones de dólares. Situación que impactará ámbitos como empleo y consumo, desarrollo tecnológico y salud. Agregó que en México la adulteración o falsificación de los medicamentos es del 10 por ciento del total del mercado; mientras que en China y Perú se registra un 80 por ciento. En Nigeria y Pakistán es de entre 40 y 50 por ciento. La participación de autoridades y expertos en la materia en los trabajos del foro, avala la importancia que el Senado de la República ha dado a la problemática de la venta ilegal de medicamentos

Detienen posibles Ecocidas en fragancia en zonas florestas de Chiapas

Pueblo Nuevo.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), logran el aseguramiento de cuatro presuntos ecocidas en los momentos que transportaban madera ilegal. La detención, se realizó en el tramo carretero Pueblo Nuevo-Jitotol. Durante patrullajes preventivos elementos estatales se percataron de un vehículo marca Internacional, color blanco con placas de circulación CX-85892 del Estado de Chiapas, el cual era conducido a exceso de velocidad, por lo que se le marco el alto para practicar una revisión de rutina. El conductor al notar la presencia policial acelero la marcha para darse a la fuga, sin embargo, fue asegurado. Al practicar una revisión de rutina a la unidad vehicular, se encontraron en la parte trasera 112 tablas con medida de 2 metros de largo por 30 centímetros de ancho, así como 117 polines de madera al parecer de pino, con medida de 2 metros de largo y aproximadamente 8 centímetros de ancho, haciendo un total de 229 piezas de madera En el lugar, se aseguró al conductor del vehículo Isaías Bautista Sánchez de 29 años de edad y sus acompañantes Salvador López Bautista de 25 años, Antonio Díaz Portillo de 45 y Carlos Díaz Sánchez, quienes no pudieron acreditar con la documentación correspondiente la transportación y propiedad del material forestal. Los detenidos, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, como probable responsable del delito ambiental en su modalidad de tráfico y transportación de madera ilegal.

Colonos se hacen pedazos por falta de certeza en la tenencia de la tierra en Tapachula

Tapachula. Chiapas.-El problema comenzó el pasado 1 de julio del 2007, cuando los habitantes de la colonia la Victoria cambiaron de directiva por que no aguantaban las irregularidades, en esa fecha, se presenció la división de dos grupos; uno de ellos líderes de la OPEZ quienes apelaron por intereses personales en el proceso de escrituración, la situación se salió de los límites hasta llegar a las amenazas y golpes; ahora; ya se ha visto involucrado el INFONAVIT, quien no ha querido escriturar, comenta una de las representantes María Magdalena Ramos Reyes “Se hizo el cambio de la directiva, su servidora quedó como presidenta y desde allí empezó todo el problema que la señora no quiere hacer la entrega de todos los documentos”. Indicó. Por su parte la presidenta de la Asociación Civil de la Colonia La Victoria Petra Cabello Prudente afirma lo contrario, cuando tiene en su poder un documento firmado con Notario, lo cual le ayuda a señalar que tiene las escrituras originales de 88 lotes que apenas han sido regularizados, luego de que la colonia fue invadida. “Esta es la realidad de las cosas, que todos los compañeros han sido engañados por la señora magdalena, aquí tengo la verdadera escritura del predio que estamos ocupando, esta escritura está ya en el registro público de la propiedad”. Agregó Pero poco duro el gusto por que de inmediato la desmienten otras versiones, cuando María Magdalena Ramos Reyes, la otra representante social comentó que en enero se interpuso una queja en contra de los líderes de la colonia, a quien acusan de contubernio con el representante del INFONAVIT Francisco Velarde Corral. Y es que a él precisamente le pagaron la cantidad de 205 mil pesos por concepto de escrituración y poco después no lo avaló. La pasada semana, la situación se salió fuera de control, al grado que los ánimos en la colonia se calentaron, cuando los líderes de la OPEZ arribaron para apoderarse de la sala de juntas, aunque en el intento salieron a relucir las cachetadas y agarrones de cabello. Está es una de las tantas pugnas que se vive en la Colonia la Victoria, donde dos grupos sociales se han agarrado del chongo y amenazarse de muerte. Los dimes y diretes persisten, por que ambas seudo líderes buscan apoderarse de la representación y de esta manera manipular a la población Por ahora la situación ya llegó a los juzgados dentro del expediente 719 en donde se impugna un acta. De igual forma habitantes de la Colonia La Victoria, mencionaron que en septiembre se protocolizó un acta para exigir la salida del representante de la OPEZ ONPP Rodolfo Reyes Nolasco de la zona habitacional, luego de que buscan apoderarse de la colonia por la supuesta asesoría y el cobro de cuotas y multas.