lunes, 6 de octubre de 2008

Proteger a los inmigrantes de las mafias de secuestradores, demanda la CNDH

La Jornada/Visor
Ante el incremento de denuncias sobre el secuestro de migrantes indocumentados, sobre todo de procedencia centroamericana, con el fin de ser extorsionados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades tomar medidas que mejoren la seguridad, protección y derechos de los migrantes, e insistió en que atiendan los casos que les han sido presentados. La CNDH alertó sobre el incremento en el número de casos de secuestro de centroamericanos por bandas de delincuentes, “de las que frecuentemente forman parte ex agentes policiacos o grupos delictivos que cuentan con la tolerancia o complicidad de agentes en los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas”. La CNDH subrayó en un comunicado de prensa que los migrantes indocumentados de Centroamérica son “privados de su libertad para posteriormente extorsionar a sus familias. Después de que son detenidos, los llevan a casas de seguridad y se exige rescate por ellos”. En momentos en que la sociedad enfrenta una crisis en los esquemas de la seguridad pública, la CNDH afirmó que resulta importante no perder de vista la difícil situación que enfrenta un grupo social tan vulnerable como el de las personas migrantes, afectado por la acción incontrolada e impune de bandas del crimen organizado. El organismo nacional de defensa de los derechos humanos apremió a las autoridades a desarrollar actividades específicas en la materia, a que cumplan con su responsabilidad e inhiba la creciente actividad de los grupos delictivos; recordó que “es obligación del Estado garantizar seguridad y justicia para quienes se encuentran en territorio mexicano”. La CNDH señaló que ha recabado testimonios directos y que ha recibido otros datos de casas de ayuda a migrantes, sobre los casos de secuestro, en especial de los procedentes de los países centroamericanos. Inclusive, “algunos han sido extorsionados hasta en tres ocasiones”. Abundó que es frecuente que los centroamericanos afectados prefieran no presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, “por el temor a ser llamados a comparecer, a ser detenidos, asegurados o expulsados, y porque su prioridad es continuar su viaje hacia Estados Unidos”. Personal de la CNDH ha asistido a los migrantes en la presentación de sus denuncias que se encuentran radicadas en Tenosique, Tabasco; Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, Veracruz; en Oaxaca capital, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La CNDH refirió que, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, los delincuentes ubican, sorprenden y secuestran a los viajeros indocumentados en las cercanías de las casas de ayuda a migrantes, en estaciones de autobuses y hoteles, así como en los denominados “caminos de extravío”, en vías y estaciones ferroviarias; tras atraparlos, los llevan a casas de seguridad, les quitan sus pertenencias, los amenazan y golpean para que proporcionen números telefónicos de sus familiares. Otra modalidad de esta forma de secuestro es que los delincuentes se presentan como polleros y ofrecen trasladar a los migrantes centroamericanos hasta la frontera con Estados Unidos. “Al llegar a un estado fronterizo, los privan de la libertad y los obligan a gestionar con su propia familia el pago de un rescate. Si la persona intenta escapar recibe un escarmiento ante sus compañeros, para inhibir cualquier intento de fuga. “El cautiverio puede durar varias semanas o incluso meses, tiempo en el que los secuestrados duermen en el piso, reciben muy escasa alimentación y las mujeres suelen ser víctimas de abuso sexual”, denunció la CNDH. El organismo informó que los testimonios de los migrantes centroamericanos que ha rescatado de estos cautiverios forzados “son del conocimiento de las autoridades”. La comisión encontró casos de secuestro que afectan desde una sola persona hasta 100 en un mismo evento, y obtuvo información que evidencia un importante número de pagos de rescates que se realizan desde Estados Unidos “por amigos, paisanos o familiares” de las víctimas. En algunos casos, los pobladores tienen datos valiosos de identificación de los secuestradores, características de los vehículos, ubicación de sus casas de seguridad, pero temen denunciar por desconfianza o miedo a las represalias. Los lugares específicos donde se ha efectuado la mayor parte de los secuestros de migrantes son Balancán y Tenosique, en Tabasco; Coatzacoalcos y Tierra Blanca, en Veracruz; Ixtepec, Oaxaca; Huixtla o La Arrocera, Pijijiapan, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en Chiapas. Asimismo, apuntó la CNDH, se tiene conocimiento de casos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en las afueras de la capital de San Luis Potosí, así como en lugares inmediatos a la frontera, en Sonora, Tamaulipas y Coahuila.

Zonas más afectadas en Tabasco y Veracruz por fuertes lluvias

Excarcelan a campesinos en Chiapas

Fredy Martín Pérez/Universal
Pálido y con el rostro desencajado, Olivio Alfaro Vázquez, de 49 años de edad, se reencontró con sus familiares de Miguel Hidalgo, a dos días de su detención. El campesino formó parte del primer grupo de 26 excarcelados que conforman el acuerdo entre el gobierno del estado y los campesinos. “Me siento muy jodido”, dijo a los reporteros que abordaron a Olivio, con un vendaje alrededor del vientre y un paliacate a la cabeza, a su llegada a la casa ejidal, donde fueron recibidos entre abrazos y sollozos de sus paisanos. Cuando el primer grupo de liberados llegó a la comunidad y recorrió la calle principal del ejido, algunos de los lugareños aplaudieron levemente. Aun con el júbilo que imperaba, las mujeres lloraron y abrazaron a sus padres, hijos y hermanos que no veían desde la mañana del viernes cuando ingresó la policía a la comunidad. La mayoría de los 26 hombres estaban fatigados y desvelados. Sólo los más jóvenes parecían ecuánimes. La mayoría tenía las vestiduras sucias y con rastros de sangre seca en el rostro y cabeza. Atrás de los excarcelados, un grupo de mujeres con jarras y vasos de té de hinojo, corrió para abrazar a sus familiares y ofrecerle que tomaran sorbos de la bebida, mientras un olor a menta inundaba la casa ejidal. Aunque la comunidad parecía tranquila, había nerviosismo y desesperación por la dilación en el regreso de nueve de los campesinos. Las versiones que se propagaron eran que venían en camino o que estaban heridos. El asesor jurídico de los campesinos, Jorge Guillén Figueroa, en tono molesto reseñaría que desde la noche del sábado los operadores del gobierno del estado pospusieron la entrega de los campesinos detenidos, aunque los campesinos cumplieron con la entrega de las 75 armas de fuego, entre fusiles de asalto, pistolas, así como cuchillos, teléfonos celulares, chalecos, fornituras y otros enseres de los oficiales. La entrega del armamento, que según Guillén Figueroa, fue trasladado en una camioneta y llegó a pesar alrededor de 2 toneladas, se realizó hacia la media noche del sábado, en el centro de la comunidad Cárdenas, colindante con Miguel Hidalgo y la zona arqueológica de Chinkultic. Explicó que los familiares de los seis campesinos muertos rechazó recibir los 35 mil pesos que el gobierno del estado envió como indemnización y esperan un gesto de buena voluntad de la autoridad para que aumentara los recursos. Don Jorge Guillén Figueroa hablo de que un grupo minoritario de la comunidad estaba molesto por la entrega de las armas, sin que la mayoría de los presos estuviera en casa, lo que provocó la desconfianza de un sector. La preocupación de los pobladores aumentó, cuando Guillén Figueroa y autoridades fueron citados por funcionarios en la cabecera municipal de La Trinitaria para sostener una reunión, pero el encuentro no se llevó a cabo. La intensión “era atorar a las autoridades ejidales”, expuso. Por “estas situaciones, algunas gentes intolerantes y negativas de la comunidad no lo entienden y lo tachan a uno de traidor, de vendido, etc; pero bueno, en un movimiento como este, se sabe que hay de todo”, agregó el abogado. En la mañana del domingo dos trabajadores jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que fueron detenidos por los campesinos, al arribar con el agrupamiento de la policía, el viernes por la mañana, para “mostrar” donde vivían las autoridades ejidales de Miguel Hidalgo quedaron en libertad. Rodolfo Albores y Límbano Hernández, permanecieron retenidos en la cárcel comunitaria desde el viernes al medio día. Por la noche fueron liberados los nueve campesinos que aun estaban presos.

Dejan lluvias más de mil damnificados en Chiapas

Ery Acuña/HechosTv
Pichucalco.- Chiapas.-Al menos 23 comunidades de los municipios de Pichucalco, Juárez y Reforma, en Chiapas, resultaron afectadas por los aguaceros que han golpeado al sureste del país. Desde el aire se aprecia la dimensión de los daños causados por las precipitaciones: varios caminos se encuentran completamente anegados y la gente cruza en caballos o canoas de un lugar a otro. El gobierno de Chiapas distribuye cobertores, alimentos y agua para los damnificados; en particular, en el ayuntamiento de Reforma, que fue declarado zona de emergencia. Más de 10 escuelas fueron habilitadas como albergues para proteger a más de mil personas que perdieron todo su patrimonio. Aunque por el momento las lluvias dieron tregua en la zona norte de Chiapas, los reportes meteorológicos indican que a partir del martes se registrarán aguaceros en esa región.

inundaciones afectan a municipios de Chiapas

Angeles Mariscal/Jornada
Reforma, Chis., 5 de octubre. Verónica Ramos apenas se recuperaba de las pérdidas que le dejaron las inundaciones de 2007 cuando el agua volvió a inundar su vivienda, en la zona petrolera de Chiapas. Ahora, con un bebé de apenas seis días de nacido, intenta recuperar algunos enseres. Entre moscos y olor a podredumbre, saca tablas de lo que fue su cama. En los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco, colindantes con Tabasco, las historias se repiten en casas inundadas. Cientos de familias instalaron chozas a las orillas de la carretera porque el agua cubre sus casas, metros adentro. Las ondas tropicales 31, 32 y 33 inundaron unas 2 mil 500 viviendas en los tres municipios, supuestamente prósperos por su infraestructura petrolera. Sin embargo, la familia promedio vive con ingresos de 120 pesos diarios, junto a un sistema lagunario contaminado por residuos de Petróleos Mexicanos, según la Secretaría de Salud estatal. En una planicie donde se estancan aguas procedentes de zonas altas flotan animales muertos, residuos orgánicos y tóxicos. La Subsecretaría de Protección Civil estatal sostuvo que sólo unas 50 viviendas quedaron destruidas, pero 2 mil 500 tienen daños estructurales debido a tres años de inundaciones. “Al menos yo logré sacar mi refrigerador, porque el año pasado perdí todo. Ahorita estoy sacando las tablas de mi cama para lavarlas, pero mi sala y mi ropa ya no se recuperan”, afirmó Roselia Pérez. Los daños en Reforma, Juárez y Pichucalco incluyen al menos 3 mil hectáreas sembradas de maíz, papaya y plátano, que estaban a semanas de cosecharse, así como de frijol, cacao y pastizales. Además, hay unos 70 kilómetros de caminos vecinales destruidos, al igual que 14 puentes.