Ángeles Mariscal/Corresponsales
Consultores de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos (OACNUDH), iniciaron ayer un recorrido por Chiapas para conocer la situación en que realizan su labor los defensores de los derechos humanos de los organismos públicos y no gubernamentales.
Rosa Gutiérrez y Alan García, enviados de la OACNUDH, estarán en Chiapas desde este martes 10 hasta el jueves 12 para entrevistarse con activistas, promotores y defensores de los derechos humanos en la entidad, al igual que se pretende hacer en al menos otras siete entidades más de país.
Los observadores de la ONU informaron que este trabajo lo realizan también con las ONG y comisiones de los Derechos Humanos de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Coahuila y Yucatán, con lo que elaborarán un diagnóstico que defina los avances en la materia de defensa de los derechos humanos y las carencias a las que se enfrentan para llevar a cabo su función.
El informe de lo recabado, que podría ser dado a conocer a finales de abril del presente año, contendrá datos temáticos como la situación de los defensores de derechos humanos en México, desafíos y retos de éstos y, los obstáculos para ejercer su función.
Alan García explicó que para hacer un trabajo completo recurrirá a instituciones como la Secretaría de Pueblos Indios y el Instituto Estatal de las Mujeres, por citar algunas, y buscarán informes provenientes de periodistas y personas involucradas en esta actividad.
García y Gutiérrez estuvieron en Tuxtla donde se entrevistaron con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.
En San Cristóbal de Las Casas se entrevistaron con el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Diego Cadenas, y el abogado defensor de indígenas, Miguel Ángel de Los Santos.
Además de entrevistarse con activistas de organismos que defienden los derechos indígenas, buscan conocer la labor de los activistas que defienden a los migrantes, a las mujeres y a quienes defienden la libertad de prensa y de expresión.
El ombudsman de Chiapas, Moreno Guillén, dijo que en los últimos tres años ha habido un avance significativo en materia de capacitación y divulgación del respeto y defensa de los derechos humanos en lo que respecta al organismo que representa, sin embargo, lamentó que aún haya servidores públicos que por ignorancia de los derechos de una persona, continúen cometiendo atropellos.
“Hay obstáculos que han frenado muchas veces la función de la Comisión de los Derechos Humanos, pero reconocemos que en la mayoría de las ocasiones, los servidores públicos han contribuido a mejorar el aparato administrativo en beneficio de la sociedad, porque se han dado cuenta que la gente ya no se queda callada, denuncia y es cuando el organismo hace su labor”, precisó.
Diego Cadenas, titular del Frayba, destacó la presencia de estos consultores pues dijo se espera conozcan los obstáculos y escenario en que se desarrollan estos defensores que poco ha cambiado en los últimos años.Es decir, señaló, existe en la entidad un desconocimiento total por parte de las autoridades en sus tres niveles sobre el verdadero papel que desempeñan los activistas de los organismos no gubernamentales y cuando pretenden asumir su rol de promotores y defensores de los derechos de algunas personas o grupos sociales se les ubica como organismos antigubernamentales cuando no han pretenden eso en realidad.
“Nuestro objetivo es claro y preciso, defender el derecho de una persona en situación vulnerable es el papel que debemos asumir y no otra, pero muchas veces no somos comprendidos por los servidores públicos”, dijo Cadenas.
En el mismo sentido se expresó De los Santos Cruz, quien señaló que los defensores tienen que lidiar con los servidores públicos de los bajos niveles de la procuración de justicia, quienes ven como un estorbo el papel de los defensores de los derechos humanos para que ellos puedan integrar averiguaciones previas o investigar delitos.
Indicó De los Santos Cruz que hay situaciones de carácter estructural que limitan el trabajo de los defensores: “está reconocido que toda persona detenida necesita defensa jurídica, pero que los funcionarios de la PGJE, generalmente no reconocen ese derecho”.
“Es un asunto que se tiene trabajar en los niveles bajo de procuración de justicia.
Hace falta por parte del gobierno estatal una oolítica definida en la materia por observar la defensa de los derechos humanos. Se necesita una política clara y convencida de promoción y defensa de los derechos humanos, de lo contrario sólo estaremos quedándonos en el discurso”, concluyó...