Oscar Hernández Pérez
revista Nosotros
Los tentáculos de Gamesa, una de las compañías de generación de energía eólica españolas con las que la familia del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, busca asociarse en México, podrían estar detrás del nuevo proyecto de la Minera Bismark para instalar entre 2008 y 2010 en Ascensión, Chihuahua, torres de autoconsumo eléctrico...
Los Mouriño podrían estar detrás del proyecto
Invertirá Peñoles 50 millones de dólares en energía eólica en Bismark
Ascensión, blanco de la "privatización furtiva" de energía eléctricaPor: Oscar Hernández Pérez
Los tentáculos de Gamesa, una de las compañías de generación de energía eólica españolas con las que la familia del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, busca asociarse en México, podrían estar detrás del nuevo proyecto de la Minera Bismark para instalar entre 2008 y 2010 en Ascensión, Chihuahua, torres de autoconsumo eléctrico, aprovechando huecos legales que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación estiman inconstitucionales, que provocan el desplazamiento de la CFE, y que analistas y sindicatos han denunciado como parte de la "privatización furtiva" acentuada en el sector desde tiempos de Vicente Fox.
Según confirmó a Nosotros Francisco Siliceo, director de Comunicación del Grupo Peñoles, con sede en Torreón, Coahuila, la empresa Gamesa es uno de los siete proveedores extranjeros invitados a presentar ofertas del proyecto "concebido y desarrollado" por el grupo minero más importante del país, el cual tan sólo en el primer semestre de 2007 facturó ventas récord por 2 mil 151 millones de dólares, de acuerdo a sus reportes financieros respaldados por la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotiza desde 1968.
Los otros proveedores invitados son la danesa Vestas, las norteamericanas General Electric, Clipper, DeWind, Nordic Windpower y la japonesa Mitsubishi.
Desde 2003, cuando compró por 120 millones de euros a la fábrica ibérica Endesa el 100 por ciento de los activos de su filial Made, la trasnacional española Gamesa ocupa el tercer lugar como fabricante de aerogeneradores del mundo, sólo por debajo de la compañía danesa Vestas y la alemana Enercom, según la agencia noticiosa Geoscopio, con sede en Madrid.
Gamesa, que tiene sus instalacines en Navarra y cuenta con 11 plantas de producción distribuidas en provincias como Aragón, Castilla, León, La Mancha y Galicia, es la misma que la revista mexicana Proceso (No. 1627) vinculó el pasado 6 de enero con el grupo Gándara Censa, propiedad de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del nuevo secretario de gobernación en México, Juan Camilo Mouriño.
Basado en las declaraciones que Javier Gómez, gerente de la empresa de los Mouriño, hizo al periódico gallego La Voz de Galicia, Alejandro Gutiérrez escribió en su reportaje para Proceso: "(...) En sus planes de expansión, Gándara Censa apuesta a la fabricación de torres para generar energía eólica. Para ello busca asentarse en México como empresa auxiliar de consorcios españoles que también tienen sus ojos puestos en México y Estados Unidos, como Gamesa, Acciona y Ecotecnia".
Privatización furtiva
Además, Gamesa, que facturó 583 millones de euros en 2002, equivalente a un 25 por ciento más que en 2001, fue una de las cuatro empresas extranjeras —junto a Iberdrola, EDF y General Electric— que impulsaron en 2005 cambios en la legislación mexicana a través de la iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía presentada por el Partido Verde Ecologista Mexicano (Pvem), aprobada sin mayor análisis el 14 de diciembre de ese mismo año con apoyo de la mayoría del PRI y del PAN.
Desde 2005, expertos en el tema como Angelberto Martínez Gómez, quien ha sido asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y participa en la Coordinación Nacional de Electricistas, organización integrada por electricistas de la CFE para la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, advirtieron que con dicha ley las trasnacionales obtendrían el derecho de distribuir directamente la energía eólica a un precio mayor que la generada con tecnologías convencionales por la Comisión Federal de Electricidad y se crearía la obligación de distribuir la electricidad al público, facultad que hasta entonces se tenía como exclusiva de la paraestatal (La Jornada).
Los esfuerzos privatizadores del sector eléctrico se acentuaron durante el sexenio de Vicente Fox, quien anunció durante su mandato una serie de "estímulos" para la industria energética nacional y la creación de "fuentes alternas" de energía.
En 2001 Fox intentó reformar el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para favorecer a las empresas autogeneradoras, ampliando de 20 a 40 Megawatts la capacidad excedente que se puede poner a disposición de la CFE sin convocatorias de licitación de por medio.
Pero el Congreso de la Unión, al calcular que Fox se había "extralimitado" en sus funciones, interpuso una controversia constitucional —con el rechazo del entonces senador panista Diego Fernández de Cevallos que la estimó improcedente— ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió meses después en contra de la reforma foxista, considerando que no era facultad del Ejecutivo hacer ese tipo de modificación". La Scjn advirtió además que la venta de excedentes permitida por la modificación hecha en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica "podría resultar inconstitucional" al contravenir el texto del Artículo 27 vigente.
No sólo la Scjn, sino también la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, señaló que "los permisos violan los artículos constitucionales relativos al sector eléctrico y la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Energía eléctrica vigente" y que "algunos" abastecedores de energía vendieron a la CFE más del 90 por ciento de su producción, lo cual representó una importante proporción de su energía generada y constituyó una "divergencia respecto del espíritu de la figura de autoabastecimiento".
No sólo eso. La creciente participación de generadores privados impactará a la CFE, según agregó la AFS en su informe de 2002: "La Comisión Federal de Electricidad perderá presencia en la atención de la demanda del servicio de energía eléctrica, debido a que se apoyará de manera creciente en la energía proveniente de los productores independientes, porque aún cuando cuenta con capacidad de inversión para financiar parte de la expansión de la infraestructura, por razones de finanzas públicas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le autoriza invertir sus propios recursos".
La solidez jurídica de las reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su posterior Reglamento de 1993, que dieron origen a figuras privatizadoras como la cogeneración y el autoabastecimiento, no sólo fue puesta en tela de duda por la Suprema Corte y la AFS, sino también por el Sindicato Mexicano de Electricistas (Sme).
Antes de la resolución de la Scjn sobre la controversia constitucional contra Fox, e "independientemente" de ella, el ingeniero Romeo Maisner Seidel, miembro del Sme, señaló en un ensayo publicado en septiembre de 2001 que "lo que sí quedará fuera de toda discusión, será el Reglamento mismo; que es, en todo caso, el que debería de haber sido, junto con las modificaciones a la Ley del año 1992, el cuestionado".
Escribió Seidel: "En 1992 se agregó a la LSPEE una parte, aparentemente inofensiva, que indicaba qué 'no era' servicio público. Dado que tanto la Ley como la Constitución establecen que corresponde a la nación prestar este servicio, buscaron darles la vuelta para permitir de manera 'legal' la entrada de capital privado —con la creación del mercado eléctrico en mente—, poniendo los siguientes conceptos: la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, la exportación y la importación".
Desde entonces, según el analista, quien se basó en los reportes públicos de las licitaciones de la Comisión Reguladora de Energía de la Secretaría de Energía, éstas ya habían concedido, para el año 2000, 169 permisos: 111 para autoabastecimiento, 37 para cogeneración, 14 para producción independiente, 1 de exportación y 6 de importación, lo que representaría un incremento de cerca de 12 mil Megawatts (12 Ggigawatts), aproximadamente la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada, con inversión de casi 7 mil millones de dólares.
El analista advirtió que el esquema de la autogeneración inlcuye a entidades de la administración pública, como a los municipios, tratados como "personas morales" o como "inversionistas" de un negocio.
Adviritió también que nada evitaría que una vez que una planta haya crecido lo suficiente sea vendida a un particular, como por ejemplo, a una gran transnacional. Mencionó el ejemplo de la planta Enertek (permiso original: E/36/COG/96, después modificado varias veces, de hasta 290 megawatts) de Tamaulipas, que inicialmente era de cogeneración para empresas del Grupo Alfa de Monterrey y finalmente se vende a Iberdrola de España, uno de los más grandes generadores privado extranjeros en el país.
Al autoabastecimiento se pretende presentarlo como un servicio no público, pero tiene el carácter de fuga masiva del Sistema Eléctrico Nacional, siendo que precisamente estos servicios son los que proporcionan actualmente a la nación sus principales ingresos por concepto de venta de energía eléctrica, y aún sin modificar la Constitución se desintegra y privatiza "de facto" (de hecho) el servicio úblico del país, señala Seidel.
Al final, apunta: "Tanto la pérdida de consumidores para el servicio público nacional como la privatización de la generación de electricidad se están consumando simultáneamente a hurtadillas, en silencio, sin alharaca, oculta, de manera furtiva, tratando de sorprender a la población, en general desinformada por 'los medios', y de generar una situación irreversible, que lleve a aceptar los cambios legislativos como indispensables".
Complicidad silenciosa
El miércoles 14 de diciembre de 2005, con la oposición de la fracción del PRD, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía presentada por el Pvem e impulsada por las trasnacionales, con lo que se abrió la puerta para la inversión extranjera en la generación de energía eléctrica mediante el desarrollo de energías eólica, solar, biomasa y biocombustibles, entre otras.
"Lo cuestionable de esta decisión no es el desarrollo de la generación eléctrica a través de energías limpias y renovables, sino la inviabilidad de apoyar a un negocio privado mayoritariamente trasnacional con recursos públicos", criticó ante La Jornada el especialista Angelberto Martínez.
Con ello, se dijo, las empresas privadas estarían en disposición de cobrar un sobreprecio en la facturación del consumo de energía eléctrica y hasta 20 centavos más por cada kilowwat-hora generado a partir de las energías renovables como la eólica, la solar y biomasa, entre otras modalidades.
Y aunque Francisco Siliceo, director de Comunicación de Peñoles, aseguró la semana pasada que el gobierno en sus tres niveles no participa como inversionista del plan eólico en Bismark, salvo otorgando permisos y autorizaciones, desde la aprobación de la referida ley se prevía que la federación otorgaría "apoyos" con recursos públicos de hasta 25 millones de pesos anuales a los proyectos que desarrollaran energías renovables con una capacidad de 30 megawatts, como es el caso que se pretende en Ascensión.
También en diciembre de 2005, el legislador del PRD, Francisco Carrillo Soberón, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados explicó esa vez que la oposición al dictamen aprobado tenía un sustento jurídico, ya que la figura de "productor independiente de energía" contenía "varios visos de inconstitucionalidad", lo que también fue estimado así, ya en noviembre de 2003, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unam, al analizar el marco constitucional de los permisos.
Carrillo Soberón dijo en aquel momento a La Jornada que "existen impugnaciones no desmentidas y compartidas por legisladores y especialistas de que la adquisición por la CFE de la energía eléctrica proveniente de estos permisionarios resulta más onerosa que la de otros esquemas financieros" y que existían "evidencias de las presiones de estos permisionarios para que se despache la energía que producen a costa de incrementos en los costos de CFE y de la estabilidad del sistema eléctrico".
Soberón lamentó además que no se haya fijado un candado al porcentaje de la participación privada en la generación adicional de energía renovable y señaló: "No nos cabe la menor duda que esto será la constante mientras no cambie la orientación política del gobierno en turno, con la consiguiente erosión de la capacidad efectiva de rectoría del Estado en este terreno estratégico".
Para otros investigadores, como Víctor Rodríguez Padilla, quien también ha sido asesor del Congreso y de organismos internacionales, con la aprobación de la ley presentada por el Pvem en diciembre de 2005, los poderes Ejecutivo y Legislativo ampliaban la reforma "inconstitucional" de 1992.
Para él, según explicó también para La Jornada en marzo de 2006, la citada ley "retoma los argumentos y recomendaciones del Banco Mundial para privatizar inicialmente la energía eólica y recibir un puñado de dólares en donaciones, préstamos y promesas de inversión.
En su análisis, Padilla da a conocer el proyecto del Banco Mundial y muestra su relación con el "inusitado interés" de la administración foxista en el uso del viento por parte del sector privado para generar y vender electricidad a municipios y a la CFE, "mientras el desarrollo de otras fuentes renovables de energía figura como un complemento de menor importancia".
El experto dijo a ese periódico nacional que la estrategia del Banco Mundial para que el sector privado, en su mayoría extranjero, acapare el mejor potencial eólico del país y lo desarrolle como oportunidad de negocio, exportando una parte de la electricidad a Estados Unidos, pretende utilizar como plataforma los esquemas de producción independiente y sociedades de autoabastecimiento para darle vuelta a la Constitución y crear un mercado eléctrico.
Invariablemente, Gamesa aparece como una de las empresas beneficiarias. Pero figuran también otras que pretenden llevar a cabo el proyecto de Bismark, como Cisa, socia de Gamesa; Eneolica, socia del también grupo español Foster; Deproe, Endesa, Iberdrola, General Electric Wind, Vestas, Dewin, Fürlander, ABB y Electricidad de Francia.
Según Víctor Rodríguez, para abrir el mercado mexicano, "el Banco Mundial utiliza a las instituciones gubernamentales mexicanas para allanar el camino al sector privado, estimulando y facilitando sus operaciones y poniéndolo a resguardo de riesgos comerciales y políticos, y facilita los proyectos cerca de la frontera con Estados Unidos que sean enfocados a la exportación de 'electricidad verde' hacia ese país".
Víctor Rodríguez, quien es doctor en Economía de la Energía con mención honorífica en la Universidad de Grenoble, Francia, expuso a La Jornada que como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite al sector privado generar electricidad pero lo limita en las demás actividades de la cadena eléctrica, especialmente en la comercialización, la estrategia del Banco Mundial consiste en movilizar a las instituciones federales y estatales para que en el campo de su competencia contribuyan a eliminar barreras legales, económicas, sociales y políticas que impidan el accionar de empresas eléctricas internacionales.
Para lograr su objetivo, denunció Padilla, el Banco Mundial puso en marcha el Proyecto para el Desarrollo Masivo de las Fuentes Renovables de Energía en México (P077717), que "tiene una fachada altruista, pero cuya finalidad es la privatización del recurso eólico y de todas las operaciones asociadas con su aprovechamiento".
Dijo que "el Banco Mundial justifica su intervención argumentando que fue México el solicitante, y que el proyecto tendrá incontables beneficios como la protección del medio ambiente, el aumento y diversificación de la oferta de energía, la creación de empleos, el combate a la pobreza y otros lugares comunes que siempre utiliza para simular una acción benévola".
El Banco Mundial señala que el proyecto se encuentra en terreno favorable en la reforma reglamentaria realizada por la administración del presidente Vicente Fox en septiembre de 2001, pero agrega que ha sido insuficiente.
Por ello, dijo el especialista, el BM recomienda abrir cauces para que la CFE acepte toda la electricidad que el sector privado desee entregar a la red y pague precios remuneradores, remover los riesgos y barreras que quedan después de la reforma de 2001 y que limitan los proyectos privados enfocados a vender electricidad a municipios e industrias, así como desarrollar un mercado de exportación de "electricidad verde" hacia Estados Unidos.
"El proyecto del Banco Mundial, del cual una parte sustantiva de los argumentos y propuestas son recogidos en la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, se sobrepone al que venía desarrollando el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y acaba orientándolo hacia la privatización de la 'electricidad verde' " alertó el experto.
Las complicidades del gobierno de Fox fueron heredadas y continuadas por el de Felipe Calderón.
En abril de 2007, la Secretaría de Energía anunció el Programa de Energías Renovables con "el compromiso de instalar 11 proyectos eólicos adicionales" en el Istmo de Tehuantepec, con una capacidad de generación eléctrica de 2 mil megawatts, de acuerdo al subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener, quien además pronosticó que para 2011 la capacidad instalada en el país sería de al menos 2 mil 700 megawatts
Según el funcionario, el programa haría uso del "donativo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente del Banco Mundial, por 25 millones de dólares", los cuales se destinarán a un "mapa eólico nacional, al desarrollo de herramientas, metodologías de análisis, pronósticos y a un estudio de desarrollo regional de largo plazo para la región del Istmo de Tehuantepec".
El programa incluiría el proyecto de La Venta III, "el primero que se licita bajo el esquema de Productor Independiente de Energía para Autoabastecimiento", con una capacidad de 101.4 megawatts.
Pero fue en enero pasado cuando la Secretaria de Energía puso en marcha la primera línea de producción de generadores eólicos de la empresa Potencia Industrial, bajo la premisa de que el potencial de ese tipo de energía en México es superior a los 10 mil megawatts.
"Es un tipo de tecnología que es muy amable con el medio ambiente, y lo que nos ha indicado el presidente de la República es que avancemos lo más rápido posible con este tipo de proyectos en nuestro país", dijo Herrera Flores, en representación de la titular, Georgina Kessel.
Según el boletín de prensa de la Sener, fechado el 10 de enero, al corte del listón asistieron, entre otros, Jame Dehlsen, vicepresidente Ejecutivo de Clipper Windpower.
Finalmente y por si quedaran dudas, el pasado 19 de febrero, a través de Notimex, la agencia de noticias del gobierno federal, se informó: "En los próximos años aumentará el número de empresas y parques industriales que dejarán de comprar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que atenderán esta necesidad mediante esquemas de autoabastecimiento y cogeneración de este combustible".
Añade: "De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017 de la CFE, en los siguientes 10 años la generación eléctrica a través de estos permisos aumentará en 36 por ciento con el desarrollo de 13 nuevos proyectos".
El gobierno de Calderón, a través de la CFE, dijo a Notimex que "en la actualidad la capacidad en autoabastecimiento y cogeneración es de 6 mil 764 megawatts y estima que en 2017 se incremente a nueve mil 193 megawatts, volumen que representará entre nueve y 10 por ciento del consumo eléctrico en el país".
Dijo que la capacidad actual en autoabastecimiento y cogeneración en el país representa 13.5 por ciento de la capacidad efectiva instalada de CFE que es de 49 mil 854 megawatts.
Según la paraestatal, este crecimiento le representa "altos niveles de incertidumbre pues de no concretarse los proyectos bajo estas modalidades se reducirá la confiabilidad del suministro de energía eléctrica a los usuarios al no disponer de plazos necesarios para instalar otras centrales eléctricas".
La agencia noticiosa del gobierno federal destacó que la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado de 1995 a la fecha 491 permisos de autoabastecimiento y 73 de cogeneración distribuidos en toda la República Mexicana.
Y entre las empresas que se han visto favorecidas destacan Wal-Mart, Telmex, Liverpool, Bimbo, Cinemex. Altos Hornos de México, Barcel, Cemex, Hylsa, Cementos Apasco y Pemex, entre otras.
Informó además que dos de los futuros proyectos de cogeneración que se espera inicien operación entre 2009 y 2010 son los de Petróleos Mexicanos y que de acuerdo con el calendario de la CFE, el próximo año deberá operar el proyecto de cogeneración de la refinería Minatitlan, con capacidad de 250 megawatts y después se espera la operación del centro procesador Nuevo Pemex, con capacidad de 313 megawatts.
El resto de los proyectos, informó Notimex, son: Eléctrica del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo primera y segunda etapa; Preneal México, Gamesa Energía, Unión Fenosa, Eoliatec del Pacífico, Eoliatec del Istmo, y GDC Generadora.
Reveló que hay un "incremento de la solicitud de permisos", lo que la CFE explica como consecuencia de la atención a un mayor número de centros de consumo distantes a la planta de generación.
Según la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae), en México hay una capacidad de cogeneración de 12 mil megawatts, donde el sector industrial es el de mayor capacidad de cogeneración, seguido por Pemex y en último lugar el sector comercial.
Ética al estilo Fernández de Cevallos
Peñoles, el mayor productor de plata afinada del mundo y que a través de su filial en Bismarck explota el zinc, ha sido objeto de innumerables acusaciones de contaminación ambiental.
Por ejemplo, en julio de 2007, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) divulgó el desmentido de Jaime Lomelí, director general del grupo, sobre el plomo encontrado en el organismo de niños en Torreón, Coahuila, como producto del trabajo de la minera.
En su descargo público, el ejecutivo atribuyó la intoxicación de los infantes a "sustancias depositadas en la vía del tren, ajenas a la empresa".
Antes, en Bismark, en julio de 1994, el dirigente campesino Armando Villarreal Martha encabezó una serie de protestas en Ascensión frente a la planta de Peñoles, exigiendo el cierre de sus operaciones ante la sobreexplotación de los mantos freáticos que afectaban a los pozos agrícolas aledaños.
Villarreal, dirigente de Agrodinámica Nacional, afirmó que en la región existen 1 mil 600 pozos para riego agrícola y uso de la ganadería, y que por lo menos 400 de ellos han bajado sus niveles de 15 a 20 metros en los últimos ocho años, pero que decenas de ellos ya no tienen agua a raíz de la explotación de la Minera Bismark la cual extraía, a su vez, el equivalente a 60 o 70 pozos.
Dijo que Bismark desechaba entre 2 mil 500 y 3 mil litros de agua por segundo, y que eso afectaba los pozos agrícolas de colonias como la Madero, Victoria, Veracruz y los ejidos Ascensión, 6 de enero y otros de la zona noroeste.
Los campesinos se quedaron esperando las reacciones a su favor de parte de la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, pero el caso fue analizado, en marzo de 2006, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con sede en la ciudad de México.
En su informe denominado "Agua, conflictos y derechos humanos", el Centro Prodh denuncia en su capítulo "Empresas trasnacionales: Minera Bismark, Grupo Industrial Peñoles, SA de CV" que esta compañía si bien tiene el permiso de beneficio de los minerales, incluida la extracción de agua como manera complementaria para llevar a cabo la extracción de los metales y se encarga de depositar el agua en el canal, de la cual Conagua autoriza su uso posterior, no obstante la empresa utiliza ese líquido para regar 300 hectáreas de tierra de pastizales para engorda de ganado, que son propiedad del mismo corporativo Peñoles, pero con otra división aparte de Minera Bismark.
En el informe, que parte del principio del "derecho humano al agua y su interdependencia con otros derechos humanos a través de la detección de conflictos sociales y políticos", señala además que "el acaparamiento de agua y favoritismo de las autoridades a favor de la Unidad Minera Sabinas y la Minera Bismark resulta más claro al encontrar que el Presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Peñoles, S.A. de C.V. el Sr. Alberto Bailleres González es miembro del Consejo Consultivo del Agua de la Comisión Nacional del Agua, además de poseer una fortuna que lo lleva a ser uno de los 25 hombres más ricos de Latinoamérica: tan sólo en el año 2004 registró ventas por 1,448 millones de dólares con una utilidad neta de 389 millones de dólares".
La investigación, realizada a través del Programa de Monitoreo y Análisis del Centro Prodh a cargo de Mireya Del Pino, Patricia Fernández, Tzitzi Santillán y Eduardo Reyes, revela además que "la intervención del Grupo Industrial Peñoles en el manejo de agua no se reduce sólo a sus filiales en la minería, sino que también, asociándose con la empresa española Suez, ha obtenido concesiones para la administración y abastecimiento de agua en por lo menos la ciudad de México, Acapulco y Novojoa; además de participar en el financiamiento, construcción y operación de plantas de aguas residuales en León, Torreón, Matamoros, Ciudad Obregón y Puerto Vallarta".
Esta empresa, reitera el documento, se ha visto implicada en otros eventos de contaminación y deterioros a la salud, como la contaminación provocada por Met Mex Peñoles en Torreón, donde por lo menos 632 niños han sido contaminados con cadmio y arsénico".
Centro Prodh al respecto se basa en el reportaje "Peñoles, impunidad eterna, exitativa en el Congreso", realizado por Jani Luna González y Valentín Cardona para la revista digital Imagen Médica, del 17 de noviembre de 2001, donde se recoge que "los últimos estudios médicos, como el del Centro de Control de Enfermedades, de Atlanta, Georgia, considera que más del 10 por ciento de los torreoneses —alrededor de 65 mil— registran niveles de plomo en la sangre más allá de los valores permisibles en las normas nacionales e internacionales" a causa de los desechos de Peñoles.
El centro derechohumanista subraya: "Resulta incomprensible que el abogado de la empresa sea el senador del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos".
Y concluye sobre ese tema: "La evidente complicidad que se da entre algunos agentes del Estado mexicano y empresarios particulares es una de las dimensiones que provocan la existencia y facilita la bifurcación de conflictos sociales. El caso del Grupo Industrial Peñoles hace plantearnos la pregunta sobre la voluntad de las autoridades actuales para obligar a las empresas a cumplir con los compromisos y normas internacionales sobre derechos humanos a las que están éticamente sujetas".
Ganancias colaterales
El Business News Americas, líder en información de negocios en América Latina, al entrevistar en agosto de 2007 a Arturo Vaca Durán, director de Energía y Tecnología del grupo Peñoles, confirmó el desarrollo del proyecto eólico para Bismark hacia 2008 y escribió que la minera "ha puesto la mirada en fuentes de generación renovables con el objetivo de abastecer sus propias operaciones, vender a la red eléctrica y comercializar bonos de carbono".
El reportero David Biller, de BNAmericas, preguntó a Vaca Durán: "Si la central tendrá una capacidad de 30 Megawatts y la mina sólo va a requerir 10 Megawatts, ¿qué va a hacer con el excedente de energía cuando haya buenos vientos?"
El directivo contestó: "Conforme al marco normativo para fuentes de energía renovable, esa energía se entregaría a la Comisión Federal para que sea tratada conforme al Almacenamiento Virtual, mediante el cual Bismark obtendría en reposición la misma cantidad de energía en los momentos en que las turbinas no estén generando".
Pero un mes antes, en julio de 2007, Jaime Lomelí, director general de la empresa, había declarado al servicio informativo ambientalista Planeta Azul que el proyecto "podría arrancar en la primera mitad de 2009" y que "el principal objetivo" del proyecto era "obtener beneficios a través de la comercialización de bonos de carbono obtenidos por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".
El director de Peñoles sostuvo: "La inversión que requiere el proyecto por generación de megawatt es alta, pero puede sostenerse explotando el mercado de bonos de carbono".
Según Planeta Azul, Peñoles aumentó sus emisiones durante el 2006 "debido a un crecimiento en su operación por el arranque de la mina de cobre en Milpillas, Sonora, de acuerdo con un inventario que reporta al Programa de Gases de Efecto Invernadero del gobierno federal".
Los bonos de carbono, según Wikipedia, "son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente y es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero)".
De acuerdo a la llamada enciclopedia virtual, "el sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir dióxido de carbono (CO2) como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado".
Agrega: "La transacción de los bonos de carbono —un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono— permite mitigar la generación de gases invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido".
Según Vaca Durán, en entrevista con el Siglo de Torreón en diciembre pasado, Bismark generará —además de 30 megawatts de capacidad— bonos de carbono por 50 mil o 70 mil toneladas al año de dióxido de carbono.
En esa misma entrevista, Vaca aseguró que en los llamados biodigestores, en donde se busca evitar la emisión de metano a la atmósfera, el volumen equivale a más toneladas de dióxido de carbono, "por lo que confesó que las cifras que se obtengan no son tan relevantes, aunque sí ayuda", según cita la nota de Virginia Hernández.
Según Planeta Azul, el informe anual de sustentabilidad de Peñoles en 2006 señala que el grupo minero "tuvo una mejora de 67 por ciento en su índice de eficiencia energética con respecto al año anterior, al llegar a 197 dólares en ventas por cada gigajoule consumido".
Un gigajoule es una unidad de medida, en este caso un billón de joules, perteneciente al "Sistema Internacional para esfuerzo y trabajo", pero también está directamente asociado al "efecto Joule", que considera la energía que disipa un material por el que circula corriente eléctrica.
En el número 393 de octubre de 2007, la agencia de noticias sobre negocios Biznews publicó también acerca del proyecto eólico de Peñoles en Bismark: "La decisión llega después de un estudio de tres años y en una primera etapa se realizarán las adquisiciones de equipos con el objetivo de poner en marcha la planta para el año 2009. La energía eléctrica se proveerá a la mina de Bismark, a la comunidad de Ascensión, y otra parte se venderá a la CFE".
Pese a tales versiones, el director de Comunicación del grupo Peñoles, Francisco Siliceo respondió a Nosotros a través de un cuestionario:
—Se menciona que venderían energía a la comunidad de Ascensión y a
la CFE ¿En qué parte de la ley caben estas afirmaciones?
—Este proyecto está enmarcado dentro de los permisos de generación para autoabastecimiento y en el decreto para el fomento de energías renovables. No es correcto que la energía se vaya a "vender", ya que eso está prohibido por la ley. El 100 por ciento de la energía que se genere sería consumida en autoabastecimiento por Peñoles, que es la entidad que está desarrollando el proyecto
Asadero Político
Por. Antonio Zavaleta
-Mi más sentido pésame a nuestro compañero y amigo Periodista Rosalino Ortiz Anleu por el acaecimiento de su señora madre-
-Que Dios la tenga en su gloría y que predomine el fruto de grandes bendiciones siempre-
A cuidar las Vacaciones
Las vacaciones prácticamente se encuentran a la vuelta de la esquina, con la llegada de la semana mayor, algunas dependencias se han visto obligadas a reforzar sus actividades en centros turísticos a nivel nacional, en esos lugares; hay mayores afluencias de vacacionistas. ¿La intensión? Es clara, enfocada a cuidar la integridad de quienes asisten a todas las playas; una de muchas, las costeñas en el litoral del Pacífico; en ellas comprenden estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa, Jalisco en donde normalmente se atraviesan alcoholes y cervezas; hasta provocar una gratuita o descuidada incidencia de acontecimientos que promueven el saldo rojo. La responsabilidad a final de cuentas es para las dependencias municipales, estatales y Federales. En delineamientos fronterizos; es mayor, de las federales, y ojalá que estás redoblen esfuerzos y no se la pasen pajareando cuando en la Frontera Sur han sido objeto de críticas y relajo. ¿Y si no? Que hay de la balacera que se armó en el municipio de Frontera Hidalgo, cuando extranjeros actuaron avasallantes con armas de fuego; también del militar baleado de 7 balazos en Metapa de Domínguez y acontecimientos delictivos en otro municipio como Suchiate; entre ellos el trafico de drogas y armas, cuando está ubicado en la Frontera Sur. En ese punto de carácter binacional continúa la inestabilidad entre la ciudadanía, sin que el alcalde de Acción Nacional Manuel Serrano de la Torre anuncie algún operativo preventivo, seguramente le hace falta una buena asesoría, por que actúa como inexperto de sus actos, mientras que sus funcionarios murmuran que esta muy cerrado ¿De donde? Quien sabe, pero lo está.
Es claro que la presencia federal no está consolidada en la Frontera Sur de México y sería acertado que en estas vacaciones de Semana Santa se apliquen y cumplan las expectativas que ha solicitado el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, ¿O quieren que los maltrate? Hace unos días sus regañados fueron para los encargados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por que resultó que previo a la temporada vacacional no había “Ángeles Verdes”. “Entiéndase por aquellos carritos del color esperanza con dos sujetos en busca de automovilistas en problemas de pinchadura o falla mecánica”. Por lo menos; ya compraron unidades para que recorran miles de kilómetros en el país y de esta manera tengan consolidada la vigilancia y atención a miles y miles de vacacionistas. Ojalá que una parte significativa arribe a puntos turísticos del litoral del Pacífico y estados como Chiapas y la Frontera Sur para mayor seguridad, servicio y buena imagen durante la llegada de divisas y derramas económicas a beneficio prestadores de servicios y por supuesto que fluya la economía.
Responsabilidades
En materia de seguridad pública, establecieron los operativos interinstitucionales con los que buscan lograr inhibir la delincuencia común y organizada. Digamos que en localidades como: Arriaga, Tonalá, Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, son puntos importantes por la llegada de turistas; de allí nace la inquietud de redoblar los esfuerzos y ganarle a los vicios, y por eso determinados funcionarios deberán estar al pendiente de sus actos o descuidos por que cualquiera de los dos será usado para meritos, críticas o despidos.
En Tapachula Chiapas, el alcalde de fracción priísta Ezequiel Orduña Morga a través del Secretario de Seguridad Pública Álvaro Monzón Ramírez ya hizo lo indispensable con el apoyo de Seguridad Nacional; enfocado a verificar la sangre de los elementos policiales para que no tuvieran alcaloides. Afortunado fue la detección de algunos que obvio les dieron de baja y por consecuencia genera más certeza de no tener drogadictos en una dependencia importante. El siguiente paso sin duda, ha sido el despliegue preventivo a lo largo y ancho de la localidad, a través del patrullaje, caballería y demás que normalmente hace acto de presencia para calmar los ánimos de los que arman escándalos o faltas administrativas. Y es que se dice difícil, para la mayoría de los costeños se les hace tan difícil bajarse unos cuantos litros de cerveza ¿Será? Al grado que terminan durmiendo en cualquier lugar a excepción de sus hogares. Por ello, la recomendación sin duda es que en esta temporada de Semana Santa, tomen sus precauciones y se eviten los excesos, por que la Policía en sus tres niveles de Gobierno deberán aplicar medidas necesarias sin pasarse de la raya por supuesto; luego entonces será bueno verificar el balance de detenciones, denuncias, ahogados, accidentes vehiculares y demás; principalmente de borrachos empedernidos, acostumbrados a ser actores de parodias en las contraportadas de rotativos regionales, estatales y nacionales, además los vicios tienden a generar problemáticas intrafamiliares, violaciones y hasta asesinatos, así que es cuestión de cuidado y atención de los Gobiernos.
Semana de desmanes
No todo es detenciones, para que las cosas funcionen sin duda alguna, es importante la intervención de la Secretaria de Marina y Armada de México, SEDENA, Protección Civil, así como las instancias regionales y locales para el bienestar preventivo. Ésta columna decidió enfocarse a este tema por que es necesario y justo que se refuercen las acciones en “Semana Santa”, cuando los usos y costumbres se dividen en dos vertientes; la primera, cuando los eventos deportivos playeros ofrecen buena vibra y alegría; obvio muchos están en busca de quitar el estrés, así como los excesos laborales; aunque se les pasa la mano con el alcohol; lo cual redunda en descuidos injustificados, lastimados, locos y golpeados. Claros ejemplos de prevención se viven en Chiapas, cuando un funcionario local Herber Shroeder Bejarano en Tapachula y Julio César Cueto Tirado en el Soconusco; ya aterrizaron sus planes de trabajo a lo largo de la Costa; en la espera de que todo marche muy bien y no se disfracen los saldos rojos con blancos inexistentes, la recomendación está basada en aquellos que cambien el cristianismo y las costumbres religiosas por el placer pero en su intento, a veces resulta costoso y con arrepentimientos.
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