Pijijiapan, Chiapas.- En el marco del Operativo Frontera Sur, en las últimas horas efectivos del grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desarticularon a una banda delictiva dedicada al tráfico, extorsión y privación ilegal de la libertad de migrantes en la zona Costa de Chiapas.
En este sentido, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes dio a conocer que las investigaciones derivaron de la denuncia realizada por un migrante hondureño, quien reveló haber sido privado de la libertad en días pasados.
El hombre de 29 años señaló que en la frontera de México con Guatemala conoció a Eredi Galindo López, quien le ofreció llevarlo a Estados Unidos por seis mil dólares.
Al rendir su declaración ministerial reveló que tras aceptar la oferta, el delincuente lo amagó, obligándolo a trabajar al interior de su banda delictiva en el tráfico de personas y drogas.
Ante la amenaza de tener ubicada a su familia, la cual sufriría daños en caso de no aceptar, el denunciante decidió participar con ellos.
Agregó que fue privado de su libertad por varios días, tiempo en el que sufrió maltrato físico y psicológico, hasta que logró escapar y pedir auxilio a las autoridades en el municipio de Pijijiapan.
Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada dio inicio a la averiguación previa y en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno puso en marcha un operativo para lograr la ubicación de los delincuentes.
De esta forma, en las últimas horas fueron capturados Eredi Galindo López, líder de la banda, y sus cómplices Antonio Díaz Meléndez, Juan Carlos Solís Sánchez y Valentín Molina López.
Cabe destacar que, de acuerdo a los trabajos de inteligencia los imputados operaban una red delictiva a través de la cual enganchaban a migrantes con la promesa de trasladarlos a Estados Unidos, exigiéndoles de dos mil a tres mil dólares a cada uno.
Para ello, ocupaban una casa de seguridad ubicada en el Ejido Hermenegildo Galeana del municipio de Pijijiapan, donde los mantenían privados de su libertad hasta conseguir que sus familiares pagaran el dinero por su rescate.
Entre sus víctimas se encuentran migrantes originarios de Centroamérica, Asia y África, quienes eran ingresados a territorio chiapaneco por medio de diversos puntos de internación ilegales.
En estas acciones participaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Por su parte, el Gobierno de Chiapas refrenda su firme compromiso de velar por la seguridad y el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, sin distingo de nacionalidad, religión o ideología.
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