Laura Ruiz Espinosa/Poderes&Azmedios
Tapachula, Chis; ENE. 10 (interMEDIOS).- Ante las constantes agresiones en Chiapas, las Organizaciones No Gubernamentales exigen que se garantice el funcionamiento adecuado y efectivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que en muchos de los casos se violentan los derechos humanos.
En entrevista con el Miembro Consultivo de Mecanismo de Protección a la Defensa de Periodistas en Chiapas, Michael Chamberlin dijo el allanamiento ilegal, detenciones arbitrarias, homicidio, desapariciones, hostigamiento, amenazas de muerte, acusación de estar involucrados a favor de la delincuencia organizada son algunas de las cuestiones por las que los y las representantes de los medios de comunicación, así como las personas de los derechos humanos han sido excluidos del estado de forma obligatoria, al rebasar la paz social y la tranquilidad a la cual tiene derecho cada ser humano.
“Hace falta mucho compromiso por parte de las autoridades y de los dueños de los medios, porque generalmente los periodistas que son agredidos terminando estando solos, porque no son apoyados por las empresas para las que trabajan y son pocas las que intervienen para proteger a su personal, pese a que saben que los reporteros son la base fundamental de su negocio, por tanto, pedimos que el mecanismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, sea eficiente”, añadió.
Según Michael Chamberlin mencionó que los estados con mayor incidencia en la República Mexicana se han registrado en Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, entre otros, donde a datos de la Organización Articulo 19 existen 90 casos documentados de agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas en el 2013.
Lanzó un llamado a los tres ordenes de gobierno para que cumplan con sus obligaciones, particularmente, las de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de un Mecanismo de Protección eficiente, impulsar aquellas medidas necesarias para prevenir agresiones, garantizar su seguridad e integridad para que puedan hacer su labor sin temor a represalias y garantizar que las agresiones contra ellas sean investigadas y sancionadas adecuadamente.
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