viernes, 25 de enero de 2008

Repudian mordaza en radio y televisión

Excélsior Leticia Robles De La Rosa La Asociación Internacional de Radiodifusión llama al Senado a evitar presión e injerencias en los mediosLa Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) advirtió ayer al Senado de la República que la radio y la televisión enfrentan “un riesgo permanente de injerencias y presiones indebidas que el legislador debe evitar”. Recordó que la regulación de los contenidos limita el derecho público a elegir, genera autocensura, coarta la libertad de expresión, limita la sana competencia entre los medios al distorsionar la oferta y suplantar al público en su derecho a elegir y decidir, además de que posibilita la influencia arbitraria de las autoridades de turno. Añadió que actualmente “los funcionarios están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión u el derecho a la información”. Esta posición de la AIR se registró a unos días de que en México entraran en vigor las nuevas reglas electorales que prohiben la guerra sucia, la cual consiste en atacar directamente al contrincante en una campaña política. Resaltó la importancia de que los concesionarios cuenten con un trato equitativo y seguridad “para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión”, por lo que plantearon que las concesiones se entreguen con un plazo de duración y mediante concurso público. Hizo ver que el espectro radioeléctrico no pertenece al gobierno, sino a los ciudadanos. Destacó que permitir a un permisionario, como las estaciones comunitarias, recibir publicidad implica una competencia desleal para la radio y televisión tradicionales y recordaron que las leyes deben ser severas para quienes usan frecuencias de manera clandestina. Correspondió a Luis Pardo Sáinz, presidente de la AIR, hacer los planteamientos de la agrupación internacional, consultora de la Organización de las Naciones Unidas, durante un encuentro que tuvieron con integrantes del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los concesionarios destacaron que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y los Estados deben regular su uso, por delegación de las convenciones internacionales, de acuerdo con la ley y con los principios democráticos. “El espectro radioeléctrico no es un recurso natural propiedad de los Estados”, explicó Pardo Sáinz. Aclaró que los concesionarios no son quienes deciden el contenido de la programación en radio y televisión comercial, sino los ciudadanos; los propietarios sólo rentabilizan su inversión, solventan la operación y las inversiones, expuso. Los medios, dijo, definen grupos objetivo, investigan preferencias y necesidades del público, satisfacen, captan y fidelizan audiencia y comercializan espacios; el público busca información y entretenimiento, necesita identificarse y quiere ser parte del acontecer, amén de valorar la veracidad, objetividad, cercanía, pluralismo y credibilidad. “La libertad de los medios para ofertar contenidos y del público para elegir, es la piedra angular del sistema”, destacó. En nombre de la AIR, propuso valorar y fortalecer la certeza jurídica de los medios electrónicos para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión; establecer un plazo de duración común para todas las concesiones, evitando la discrecionalidad; establecer un régimen de sanciones para el incumplimiento de exigencias técnicas objetivas y específicas, así como especificar las causales objetivas según las cuales se pierde el derecho a refrendo o renovación automática. La AIR recomendó que la Ley de Radiodifusión sea de carácter técnico; que la regulación de contenidos debe ser mínima y aplicable a todos los medios y actores sociales para la protección del honor y la intimidad y la protección de la infancia; además, las sanciones por delitos derivados del ejercicio del periodismo deben ser de carácter civil. “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, precisó. Por su parte, Carlos Sotelo, senador del PRD, aseguró que su partido impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones, propuestas que enriquezcan y consoliden la ley de medios y radiodifusión, para evitar el “mal uso” del espacio radioeléctrico y fomentar normas que garanticen la libertad de expresión. La Asociación Internacional de Radiodifusión llama al Senado a evitar presión e injerencias en los mediosLa Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) advirtió ayer al Senado de la República que la radio y la televisión enfrentan “un riesgo permanente de injerencias y presiones indebidas que el legislador debe evitar”. Recordó que la regulación de los contenidos limita el derecho público a elegir, genera autocensura, coarta la libertad de expresión, limita la sana competencia entre los medios al distorsionar la oferta y suplantar al público en su derecho a elegir y decidir, además de que posibilita la influencia arbitraria de las autoridades de turno. Añadió que actualmente “los funcionarios están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión u el derecho a la información”. Esta posición de la AIR se registró a unos días de que en México entraran en vigor las nuevas reglas electorales que prohiben la guerra sucia, la cual consiste en atacar directamente al contrincante en una campaña política. Resaltó la importancia de que los concesionarios cuenten con un trato equitativo y seguridad “para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión”, por lo que plantearon que las concesiones se entreguen con un plazo de duración y mediante concurso público. Hizo ver que el espectro radioeléctrico no pertenece al gobierno, sino a los ciudadanos. Destacó que permitir a un permisionario, como las estaciones comunitarias, recibir publicidad implica una competencia desleal para la radio y televisión tradicionales y recordaron que las leyes deben ser severas para quienes usan frecuencias de manera clandestina. Correspondió a Luis Pardo Sáinz, presidente de la AIR, hacer los planteamientos de la agrupación internacional, consultora de la Organización de las Naciones Unidas, durante un encuentro que tuvieron con integrantes del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los concesionarios destacaron que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y los Estados deben regular su uso, por delegación de las convenciones internacionales, de acuerdo con la ley y con los principios democráticos. “El espectro radioeléctrico no es un recurso natural propiedad de los Estados”, explicó Pardo Sáinz. Aclaró que los concesionarios no son quienes deciden el contenido de la programación en radio y televisión comercial, sino los ciudadanos; los propietarios sólo rentabilizan su inversión, solventan la operación y las inversiones, expuso. Los medios, dijo, definen grupos objetivo, investigan preferencias y necesidades del público, satisfacen, captan y fidelizan audiencia y comercializan espacios; el público busca información y entretenimiento, necesita identificarse y quiere ser parte del acontecer, amén de valorar la veracidad, objetividad, cercanía, pluralismo y credibilidad. “La libertad de los medios para ofertar contenidos y del público para elegir, es la piedra angular del sistema”, destacó. En nombre de la AIR, propuso valorar y fortalecer la certeza jurídica de los medios electrónicos para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión; establecer un plazo de duración común para todas las concesiones, evitando la discrecionalidad; establecer un régimen de sanciones para el incumplimiento de exigencias técnicas objetivas y específicas, así como especificar las causales objetivas según las cuales se pierde el derecho a refrendo o renovación automática. La AIR recomendó que la Ley de Radiodifusión sea de carácter técnico; que la regulación de contenidos debe ser mínima y aplicable a todos los medios y actores sociales para la protección del honor y la intimidad y la protección de la infancia; además, las sanciones por delitos derivados del ejercicio del periodismo deben ser de carácter civil. “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, precisó. Por su parte, Carlos Sotelo, senador del PRD, aseguró que su partido impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones, propuestas que enriquezcan y consoliden la ley de medios y radiodifusión, para evitar el “mal uso” del espacio radioeléctrico y fomentar normas que garanticen la libertad de expresión. La Asociación Internacional de Radiodifusión llama al Senado a evitar presión e injerencias en los mediosLa Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) advirtió ayer al Senado de la República que la radio y la televisión enfrentan “un riesgo permanente de injerencias y presiones indebidas que el legislador debe evitar”. Recordó que la regulación de los contenidos limita el derecho público a elegir, genera autocensura, coarta la libertad de expresión, limita la sana competencia entre los medios al distorsionar la oferta y suplantar al público en su derecho a elegir y decidir, además de que posibilita la influencia arbitraria de las autoridades de turno. Añadió que actualmente “los funcionarios están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión u el derecho a la información”. Esta posición de la AIR se registró a unos días de que en México entraran en vigor las nuevas reglas electorales que prohiben la guerra sucia, la cual consiste en atacar directamente al contrincante en una campaña política. Resaltó la importancia de que los concesionarios cuenten con un trato equitativo y seguridad “para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión”, por lo que plantearon que las concesiones se entreguen con un plazo de duración y mediante concurso público. Hizo ver que el espectro radioeléctrico no pertenece al gobierno, sino a los ciudadanos. Destacó que permitir a un permisionario, como las estaciones comunitarias, recibir publicidad implica una competencia desleal para la radio y televisión tradicionales y recordaron que las leyes deben ser severas para quienes usan frecuencias de manera clandestina. Correspondió a Luis Pardo Sáinz, presidente de la AIR, hacer los planteamientos de la agrupación internacional, consultora de la Organización de las Naciones Unidas, durante un encuentro que tuvieron con integrantes del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los concesionarios destacaron que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y los Estados deben regular su uso, por delegación de las convenciones internacionales, de acuerdo con la ley y con los principios democráticos. “El espectro radioeléctrico no es un recurso natural propiedad de los Estados”, explicó Pardo Sáinz. Aclaró que los concesionarios no son quienes deciden el contenido de la programación en radio y televisión comercial, sino los ciudadanos; los propietarios sólo rentabilizan su inversión, solventan la operación y las inversiones, expuso. Los medios, dijo, definen grupos objetivo, investigan preferencias y necesidades del público, satisfacen, captan y fidelizan audiencia y comercializan espacios; el público busca información y entretenimiento, necesita identificarse y quiere ser parte del acontecer, amén de valorar la veracidad, objetividad, cercanía, pluralismo y credibilidad. “La libertad de los medios para ofertar contenidos y del público para elegir, es la piedra angular del sistema”, destacó. En nombre de la AIR, propuso valorar y fortalecer la certeza jurídica de los medios electrónicos para dar lugar a un auténtico régimen de libertad de expresión; establecer un plazo de duración común para todas las concesiones, evitando la discrecionalidad; establecer un régimen de sanciones para el incumplimiento de exigencias técnicas objetivas y específicas, así como especificar las causales objetivas según las cuales se pierde el derecho a refrendo o renovación automática. La AIR recomendó que la Ley de Radiodifusión sea de carácter técnico; que la regulación de contenidos debe ser mínima y aplicable a todos los medios y actores sociales para la protección del honor y la intimidad y la protección de la infancia; además, las sanciones por delitos derivados del ejercicio del periodismo deben ser de carácter civil. “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, precisó. Por su parte, Carlos Sotelo, senador del PRD, aseguró que su partido impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones, propuestas que enriquezcan y consoliden la ley de medios y radiodifusión, para evitar el “mal uso” del espacio radioeléctrico y fomentar normas que garanticen la libertad de expresión.

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