CHIAPAS.-La Fiscal Especializada para la Protección y atención Organismos no Gubernamentales y Defensa de Derechos Humanos, Adriana Rebollo Nucamendi reveló que se da puntual seguimiento a las denuncias contra servidores públicos que han violentado la actividad de los defensores de Derechos Humanos.
Entrevistada luego de participar en un ciclo de conferencias dirigido a universitarios de Derecho denominado “Hacia una Cultura Universal de Respeto, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”,, la Fiscal afirmó que a la fecha se han iniciado 16 averiguaciones previas a favor de organizaciones encargadas de defender los derechos humanos, que han sufrido algún tipo de irregularidades, principalmente que han sido sido víctimas de tortura y abuso de autoridad por parte de servidores públicos
Los avances en las averiguaciones previas son sustanciales, dijo que tres de ellas ya se han consignado y resueltas a favor de las victimas sin embargo reconoció que no hay castigo para los acusados pues estos han interpuesto recursos legales, mientras que las otras averiguaciones continúan con el procedimiento legal.
En ese sentido Rebollo Nucamendi dijo que se está asesorando y brindando protección a organismos no gubernamentales que defienden derechos humanos y que tengan acceso a impartición de justicia, de los asuntos que se estén quebrantando y posiblemente violando sus derechos humanos” precisó.
La Fiscalía a su cargo tiene la responsabilidad de velar por que sus garantías procesales sean respetadas y se estén llevando con apego a la ley durante el proceso legal, la PGJE por instrucciones del Gobernador del Estado está implementando medidas cautelares para la protección física de las victimas antes, durante y después del proceso y ejemplo de esas medidas es la protección personal que desde hace cinco meses mantiene la Premio Nacional de Derechos Humanos, Olga Sánchez.
Los lineamientos trazados para asegurar la correcta aplicación de la ley y la protección a los organismos de Derechos Humanos se cumplen, tal como lo ha externado el Gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero.
Señaló que la tortura y el abuso de autoridad por parte de servidores públicos son las arbitrariedades que han padecido algunos de los defensores de Derechos Humanos.
Indicó que las sanciones a las que se harían creedores esos servidores públicos son la inhabilitación para ejercer en áreas públicas y hasta cárcel.
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