CHIAPAS.- El Juez Segundo Penal para la atención de delitos graves dictó un nuevo auto de formal prisión contra el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), por el presunto delito de homicidio doloso -comisión por omisión- en agravio de la menor María José “N”, fallecida en diciembre de 2002 en el Hospital General “K” de Comitán de Domínguez.
El cuarto auto de formal prisión fue notificado a unas horas de que el exmandatario fue reingresado al penal El Amate del municipio de Cintalapa de Figueroa, tras ganarle un recurso de amparo a la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE).
La nueva resolución judicial se acumula a las que por los presuntos delitos similares el Gobierno estatal le inició a Pablo Salazar por el fallecimiento de los infantes Guadalupe “N”, Arturo Enrique “N” y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro “N”.
La Procuraduría estatal, a cargo de Raciel López Salazar, argumentó que en 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la muerte de 35 bebés en dicho hospital, ocurridas de diciembre de 2002 a enero de 2003, por la falta de recursos públicos, “que derivó en múltiples irregularidades, tales como falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría”.
En dicha recomendación, enfatizó, la CNDH concluye que el Gobierno del Estado encabezado en aquel momento por Salazar Mendiguchía “es el responsable de la muerte de los recién nacidos, documento que obra en el expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles”.
Este martes, a bordo de un helicóptero del Gobierno estatal, el Exgobernador fue trasladado a “El Amate” en cumplimiento de la resolución de un Juez Federal que determinó que las autoridades del Gobierno chiapaneco tenían 24 horas para acatar la sentencia judicial.
Luego de su arresto, el 7 de junio del año pasado, en Cancún, Quintana Roo, acusado de peculado por 104 millones de pesos- Salazar fue confinado a “El Amate”, localizado a 100 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Pero en agosto fue transferido al reclusorio de Huixtla, en el Istmo, por supuestas amenazas de muerte de otros internos, según estableció la Procuraduría estatal.
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