CHIAPAS.-En respuesta al compromiso asumido por el Gobernador Juan Sabines Guerrero con los niños y jóvenes de Chiapas, este martes el Congreso del Estado aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley de Educación para la inclusión de materias específicas de prevención del delito y las adicciones, lo que beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes de todo el territorio chiapaneco.
Los diferentes grupos parlamentarios analizaron y aprobaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal que contempla modificaciones a los artículos 6 y 35 último párrafo, y la adición de la fracción XVII al artículo 8 de la de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas.
En este sentido, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, afirmó que estas reformas permitirán fortalecer una nueva cultura de la prevención entre los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.
“Con la reforma del Artículo 6, el Estado además de impartir la educación básica obligatoria promoverá y atenderá los tipos y modalidades educativos necesarios para su desarrollo, así como la formación ética con el objetivo de establecer la cultura de la prevención del delito y de las adicciones”, destacó.
Así también, el Consejo de Ciencia y tecnología del Estado de Chiapas planeará, promoverá y apoyará el desarrollo de la ciencia y la tecnología como actividades prioritarias y estratégicas del Gobierno del Estado en vinculación con las necesidades esenciales de la entidad y la difusión, divulgación y enseñanza del conocimiento y la cultura.
Con la adición de la fracción XVII al artículo 8 se fomentará la formación ética con la finalidad de establecer la cultura de la prevención del delito y de las adicciones, así como las actividades de desarrollo, como la educación física, artística y tecnológica.
En este sentido, el abogado de los chiapanecos expuso que la aprobación de esta iniciativa coadyuvará a reducir las violaciones a los derechos humanos, creando sociedades justas y pacificas; por tal situación, el Estado a través de las autoridades educativas debe velar porque la educación esté orientada a fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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