Ante la falta de argumentos en su defensa, se dedica a la descalificación
- PSM encarceló a funcionarios, periodistas, alcaldes y líderes durante su administración
CHIAPAS.- Preso en el penal de Huixtla, en la costa de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía intenta desvirtuar los señalamientos que pesan en su contra por los delitos de Peculado por más de 100 millones de pesos, así como la muerte de los bebés en el hospital general de Comitán y el manejo de recursos millonarios de procedencia ilícita.
En una entrevista concedida con un medio nacional, Salazar Mendiguchía elude mencionar las pruebas contundentes que obran en su contra y que conforman los expedientes penales que juntos suman más de 60 mil fojas útiles. Prefiere desviarse haciendo señalamientos y acusaciones ajenos al caso.
El Fiscal Especializado en Asuntos Relevantes de la Procuraduría de Chiapas, Adulfo Chacón Ruiz, dio a conocer que a siete de meses de su detención Pablo Salazar Mendiguchía no ha podido aportar ninguna prueba ante el Juez de la causa para alegar su inocencia en ninguno de los procesos penales que se le siguen.
“Él ha tenido oportunidad a través de su defensa y en las diligencias realizadas para ofrecer pruebas a su favor, sin embargo, hasta el día de hoy no lo ha hecho, más bien busca por medio de una campaña mediática distraer la atención de la opinión pública, alegando una ‘persecución’, pero cuando existen tantos elementos jurídicos no podemos más que investigar”, expreso.
Y enfático afirmó que cuando existen pruebas del desfalco de más de 100 millones de pesos del patrimonio de los chiapanecos, de la muerte de los bebés por la falta de recursos públicos y el manejo de recursos millonarios de forma ilícita a través de empresas fantasma, se está frente a hechos delincuenciales indiscutibles, “eso no es persecución política, es delincuencia”.
Chacón Ruiz puntualizó que en el caso de peculado existen testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía donde se analizaron pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta que fueron emitidos por la entonces Secretaría de Administración, donde se comprueba que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario público.
Además, las declaraciones de ex funcionarios de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, quienes confirman que dichos recursos públicos fueron cobrados el 27 de febrero de 2007, a través de quien fuera su secretaria de Administración, Nelda Camacho Alayola, tres meses después de concluir ese sexenio.
Mientras que en relación a la muerte de los bebés en el hospital general K de Comitán, el 22 de abril de 2004 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió al Gobierno que encabezaba Pablo Salazar Mendiguchía, la recomendación 24/2004 en la que documentó la muerte de 35 recién nacidos en un lapso de 56 días, entre el primero de diciembre de 2002 y el 26 de enero de 2003.
Dentro de la recomendación destaca que mediante diagnóstico emitido el 13 de enero de 2003, de manera conjunta la Secretaría de Salud estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Organización Panamericana de la Salud determinaron que el hospital no contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales y que existió inadecuado control prenatal en la mayoría de los casos.
No obstante el fallecimiento de los 35 menores, en aquel entonces la Procuraduría estatal sólo inició 26 averiguaciones previas por igual número de muertes.
De acuerdo a los nueve tomos y 33 anexos, que hacen un total de 19 mil 282 fojas, entre otras pruebas incriminatorias sobresalen las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, quienes señalaron que las autoridades tuvieron conocimiento, en todo momento, de las carencias del hospital general sin que las constantes demandas de apoyo fueran atendidas.
El Fiscal Especializado en Asuntos Relevantes señaló que durante su declaración ministerial el ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.
Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.
Aunado a los procesos por peculado y homicidio, el ex mandatario estatal también es procesado por los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.
Lo anterior, tras haberse encontrado elementos que vinculan de forma directa a Salazar Mendiguchía. El expediente penal incluye, entre otras pruebas, documentación bancaria que exhibe depósitos millonarios a su favor provenientes de empresas creadas bajo el diseño outsourcing.
Entre los pagos comprobados por parte de un corporativo, se encuentran depósitos como: depósito en cuenta banorte en 2006 por 12 millones de pesos; depósito en 2009 en cuenta Santander por 8 millones 423 mil 464 pesos, esto, a través de prestanombres y que ahora se ha documentando fueron recursos cobrados por Pablo Salazar Mendiguchía.
Por otra parte, el funcionario de la Procuraduría estatal señaló que al hablar de presos políticos, Pablo Salazar Mendiguchía olvida mencionar que más de una veintena de ex funcionarios públicos, principalmente de la administración de Roberto Albores Guillén, fueron encarcelados a través de la fabricación de delitos, por lo que más tarde recobraron su libertad ante intervención de la autoridad judicial federal quien encontró y señaló serias irregularidades, así como inconsistencias en las averiguaciones previas.
Este es el caso, por ejemplo, de Francisco Humberto Córdova Codero, ex secretario de Salud; Arturo López Martínez, ex gerente de la Comisión Estatal de Caminos; Librado de la Torre González, ex secretario de Agricultura; Florencio Madariaga Granados, ex subprocurador; Eduardo Montoya Liévano, ex Procurador; Roberto Sevilla Mandujano, ex director de Planeación de la PGJE; Luis Alfonso Utrilla Gómez, ex secretario de Gobierno; y Adolfo Enrique Arguello Mandujano, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Además, en el colectivo popular todavía resuenan innumerables casos de periodistas que fueron perseguidos por no servir a los intereses particulares del entonces mandatario. Entre ellos, uno de los casos más sonados es el de los directivos y propietarios del periódico Cuarto Poder, encabezado por Conrado de la Cruz, quien decidió exiliarse ante la ola de ataques en su contra.
Sin embargo, su hijo Conrado de la Cruz Morales no corrió con la misma suerte y permaneció encarcelado en el penal de El Amate, mismo caso del columnista de la misma casa editorial, Ángel Mario Ksheratto Flores, preso por el delito de Difamación.
Los ex funcionarios de la administración que antecedió a Salazar Mendiguchía fueron encarcelados por, entre otros delitos, Ejercicio Indebido de Funciones, Asociación Delictuosa, Peculado, Fraude, Enriquecimiento Ilícito, Posesión de objeto robado, Defraudación fiscal equiparada y Abuso de autoridad.
En los procesos penales que se instruyen en contra de Pablo Salazar Mendiguchía existen elementos jurídicos y legales contundentes y, por el contrario, el procesado Pablo Salazar no ha presentado ninguna prueba de descargo que desvirtúe las acusaciones sólidas del Ministerio Público.
La opinión pública tiene claros los delitos que cometió el inculpado y espera que sea sentenciado penalmente con justicia por estos actos.
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