Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El 22 de abril de 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió al Gobierno que encabezaba en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, la recomendación 24/2004 en la que documentó la muerte de 35 recién nacidos en un lapso de 56 días, entre el primero de diciembre de 2002 y el 26 de enero de 2003, hechos ocurridos en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.
Dentro de la recomendación destaca que mediante diagnóstico emitido el 13 de enero de 2003, de manera conjunta la Secretaría de Salud estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Organización Panamericana de la Salud determinaron que el hospital no contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales y que existió inadecuado control prenatal en la mayoría de los casos.
No obstante el fallecimiento de los 35 menores, en aquel entonces la Procuraduría estatal sólo inició 26 averiguaciones previas por igual número de muertes.
Ante ello y, luego de una investigación apegada a Derecho encabezada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, el pasado primero de agosto de 2011 se consignó la averiguación previa AL94/043/2003 y sus acumuladas AL94/046/2003 y FESP/062/2011-05, por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), obteniendo del Juez de la causa la orden de aprehensión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Especializada.
Habiéndole dictado auto de formal prisión el pasado nueve de agosto por parte del Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en el penal de “El Amate”.
Dicha averiguación se encuentra relacionada a la muerte de los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro, todos muertos en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.
Por otra parte, este seis de diciembre el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Huixtla le dictó auto de formal prisión por el mismo delito, por la muerte del bebé Arturo Enrique Hernández Solís.
De acuerdo a los nueve tomos y 33 anexos, que hacen un total de 19 mil 282 fojas, entre otras pruebas incriminatorias sobresalen las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, quien señalaron que las autoridades tuvieron conocimiento, en todo momento, de las carencias del hospital general sin que las constantes demandas de apoyo fueran atendidas.
En este contexto, durante su declaración ministerial el ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.
Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.
Dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, el presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las Erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada.
Quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos.
Por su parte, el ex Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas.
Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.
El ex funcionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo”.
“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.
Así también, el expediente penal integra los informes emitidos en el año 2003 por la propia Contraloría General del Estado y la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancias que coincidieron en señalar que el hospital - considerado de segundo nivel - no contaba con los especialistas necesarios para brindar atención adecuada, presentaba falta de personal especializado, de medicamentos, instrumental y equipo de las áreas de Gineco-Obstetricia y Pediatría, alto riesgo de contaminación y el personal de limpieza para esta área no contaba con un buen control y manejo de los residuos y materiales infecto-contagiosos.
En 2004 la CNDH recomendó al Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.
Sin embargo, el entonces gobernador del estado ordenó a quien fuera su Procurador General de Justicia del Estado cesara en las investigaciones por la muerte de los bebés y determinara para las averiguaciones previas iniciadas el no ejercicio de la acción penal, enviándolas de inmediato al archivo.
Además, distintos informes emitidos en ese entonces por las Secretarías de Hacienda y Salud constatan que durante el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002 al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, aunado a un recurso por tres millones 500 mil pesos otorgados por la Dirección General de Patrimonio de la Beneficencia Pública, destinados para la compra de medicamentos y material de curación.
La propia Beneficencia Pública otorgó 10 millones de pesos más como ampliación presupuestal para el fortalecimiento de los hospitales generales en el estado de Chiapas.
No obstante, el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos, correspondientes a gasto corriente para el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, por lo que en ningún momento se otorgó dinero alguno para la inversión en infraestructura y equipamiento.
De esta forma y, ante el reclamo de justicia por parte de los familiares de los bebés fallecidos en el periodo del primero de diciembre de 2002 y el 26 de enero de 2003, la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con el desarrollo de las investigaciones en torno a estos reprobables hechos, por los que habrán de responder todos los servidores públicos involucrados.
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