Tras aprobación sobre trata de personas, los por enfrentar serán muy grandes, afima senadora

*La sociedad civil debe asumir su responsabilidad en este tema: Orantes. VISOR México, D.F.- Al haber entrado en vigor a partir del sábado, el Reglamento Sobre la Trata de Personas, solicitado desde la más alta tribuna de la nación al Presidente de la República por la Senadora María Elena Orantes, la legisladora afirmó que una vez que sea probado en el Senado, se habrá dado un gran paso, pero los retos por enfrentar serán muy grandes. “La aprobación abre un capítulo nuevo en el que el reto de la eficacia se impone al Estado mexicano, a todos los poderes públicos y ámbitos de gobierno y, por supuesto, a los ciudadanos”. Orantes indicó que en este tema, el motor es la sociedad civil, que debe impulsar las reformas y hacer un ejercicio de vigilancia, no sólo como un monitor externo, sino involucrándose y coadyuvando en la solución del problema, que tanto lastima a las niñas y niños. La parlamentaria chiapaneca, explicó que México suscribió la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas; no obstante, se carecía de un tipo penal y de normas que permitieran prevenir y sancionar la trata, motivo por el cual, delitos como la pornografía infantil y el lenocinio, estaban enmarcados en lo que se concebía como la defensa de la moral pública y las buenas costumbres. El documento precisa las disposiciones de la comisión que coordinará las acciones de dependencias y entidades que la integran para la protección, atención y asistencia a las víctimas. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el reglamento que regirá las disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que entró en vigor a partir de este sábado. El Artículo 20, detalla entre las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres el apoyar la formulación de política públicas tendientes a la prevención de es delito y brindar capacitación especializada a personal de los albergues para las víctimas. A su vez, en el mismo Capítulo V, indica que el Sistema Nacional DIF, deberá promover modelos de atención y protección a víctimas menores de 18 años. Destaca que la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR establecerán un programa de protección de testigos o víctimas, así como campañas que motiven a la ciudadanía a denunciar el delito de trata de personas. Sobre este avance en la protección de las niñas y niños, la Senadora Orantes manifestó que La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, establece las agravantes, bajo la consideración de las conductas típicas que son: promover, facilitar, conseguir, trasladar, entregar, recibir, ofrecer o solicitar personas para someterlas a la trata, ejerciendo la violencia física o moral, engañándolas o ejerciendo un abusando de poder, para recibir un beneficio propio o para un tercero a través del empleo de estas personas para explotarlas sexualmente, obligarlas a realizar trabajos forzados, esclavizarlas o someterlas a trabajo análogos a la esclavitud, utilizarlas para labores de servidumbre o extirparles órganos o tejidos. Las sanciones establecidas en la Ley para quienes incurran en este delito van desde 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500 días de multa, hasta la del tipo agravado que se sanciona de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2250 días multa.

“Y La Ley es apenas la punta de lanza que dará paso a una serie de reformas legales y nuevas normas en la labor que abarca al Estado mexicano en su totalidad, los tres poderes de la Unión tendrán que asumir nuevos compromisos”, puntualizó.