Gustavo Castillo García
La Jornada
16 de abril de 2008
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Se les señala como presuntos responsables del arresto y violación de garantías de Lydia Cacho
■ Podrían interponer amparos pues los delitos que se les imputan no son considerados graves
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó órdenes de captura en contra del empresario Kamel Nacif Borge y cinco policías de Puebla, como presuntos responsables de la detención y presunta violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho; sin embargo, los delitos que se les imputan no son considerados graves, por lo que los agentes podrían solicitar amparos para enfrentar las acusaciones en libertad, revelaron altos mandos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
El expediente fue turnado a un juez del fuero común en Cancún, Quintana Roo, toda vez que un juzgado federal con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México se declaró incompetente y un tribunal unitario determinó que los delitos de asociación delictuosa y proporcionar datos falsos a una autoridad (en el caso de Kamel), así como abuso de autoridad, por parte de los policías poblanos, son ilícitos del fuero común y no están tipificados como graves.
Los funcionarios entrevistados revelaron que el expediente fue concluido en el primer mes de este año y puesto a consideración de un juez federal bajo el mayor sigilo, toda vez que los señalados como principales acusados en este asunto, la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y el gobernador Mario Marín, no se encuentran mencionados como responsables de ningún ilícito, al no acreditarse jurídicamente su responsabilidad.
De acuerdo con la información obtenida, el expediente 02/FEADP/06, al cual se acumuló la averiguación previa FEVIM/02/03-2006, realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres, determinó que el empresario de origen libanés José Kamel Nacif Borge incurrió en asociación delictuosa y proporcionar información falsa a una autoridad distinta a la judicial, ya que según los funcionarios entrevistados se pudo acreditar que formuló amenazas contra la periodista.
Cabe recordar que en diciembre de 2005, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla luego de una supuesta concertación de autoridades, que incluía al gobernador Mario Marín y a la entonces procuradora estatal de Justicia, Blanca Laura Villeda.
Esa captura fue supuestamente una venganza contra la periodista, debido a la publicación del libro Los demonios del Edén, ya que en el texto de Lydia Cacho se denuncia la existencia de una red de pederastas que involucra al estadunidense Jean Succar Kuri y menciona al empresario textilero Kamel Nacif.
Al recuperar su libertad, la periodista presentó dos denuncias ante la PGR en contra de distintas autoridades poblanas, y ahora, según la información obtenida, se encontraron elementos que demuestran la responsabilidad penal de los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha.
Hasta el momento no ha trascendido si ya se libraron los mandamientos judiciales o la autoridad jurisdiccional consideró que no hubo elementos de prueba suficientes.
Gustavo Castillo García
La Jornada
16 de abril de 2008
■ Se les señala como presuntos responsables del arresto y violación de garantías de Lydia Cacho
■ Podrían interponer amparos pues los delitos que se les imputan no son considerados graves
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó órdenes de captura en contra del empresario Kamel Nacif Borge y cinco policías de Puebla, como presuntos responsables de la detención y presunta violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho; sin embargo, los delitos que se les imputan no son considerados graves, por lo que los agentes podrían solicitar amparos para enfrentar las acusaciones en libertad, revelaron altos mandos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
El expediente fue turnado a un juez del fuero común en Cancún, Quintana Roo, toda vez que un juzgado federal con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México se declaró incompetente y un tribunal unitario determinó que los delitos de asociación delictuosa y proporcionar datos falsos a una autoridad (en el caso de Kamel), así como abuso de autoridad, por parte de los policías poblanos, son ilícitos del fuero común y no están tipificados como graves.
Los funcionarios entrevistados revelaron que el expediente fue concluido en el primer mes de este año y puesto a consideración de un juez federal bajo el mayor sigilo, toda vez que los señalados como principales acusados en este asunto, la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y el gobernador Mario Marín, no se encuentran mencionados como responsables de ningún ilícito, al no acreditarse jurídicamente su responsabilidad.
De acuerdo con la información obtenida, el expediente 02/FEADP/06, al cual se acumuló la averiguación previa FEVIM/02/03-2006, realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres, determinó que el empresario de origen libanés José Kamel Nacif Borge incurrió en asociación delictuosa y proporcionar información falsa a una autoridad distinta a la judicial, ya que según los funcionarios entrevistados se pudo acreditar que formuló amenazas contra la periodista.
Cabe recordar que en diciembre de 2005, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla luego de una supuesta concertación de autoridades, que incluía al gobernador Mario Marín y a la entonces procuradora estatal de Justicia, Blanca Laura Villeda.
Esa captura fue supuestamente una venganza contra la periodista, debido a la publicación del libro Los demonios del Edén, ya que en el texto de Lydia Cacho se denuncia la existencia de una red de pederastas que involucra al estadunidense Jean Succar Kuri y menciona al empresario textilero Kamel Nacif.
Al recuperar su libertad, la periodista presentó dos denuncias ante la PGR en contra de distintas autoridades poblanas, y ahora, según la información obtenida, se encontraron elementos que demuestran la responsabilidad penal de los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha.
Hasta el momento no ha trascendido si ya se libraron los mandamientos judiciales o la autoridad jurisdiccional consideró que no hubo elementos de prueba suficientes.
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