Ordena el IFAI a PGR difundir indagatorias sobre terrorismo

La Jornada Elizabeth Velasco C. Deberá proporcionar estudios y análisis oficiales El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) difundir estudios, análisis e investigaciones oficiales sobre la presencia y actuación de grupos terroristas en el país, además de detallar el número de averiguaciones previas existentes desde diciembre de 2006 a la fecha sobre ese tema, así como el estado procesal en que se encuentran. También ordenó a la dependencia que dé a conocer información sobre la existencia de la averiguación previa relacionada con la presencia de la organización islamista-libanesa prosiria y proiraní, Hezbollá, y el estado procesal en que se encuentra, incluyendo sus actividades financieras en México. Aunque la PGR trató de evadir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) –al declarar “inexistentes” las investigaciones en que “el delito denunciado haya sido el terrorismo”–, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero demostró lo contrario en el dictamen del recurso 4769/07, obtenido por La Jornada. En dicho dictamen se consignaron diversas indagatorias iniciadas desde la década de los 90 a la fecha, en que se demostró que el gobierno federal, por conducto de la PGR, ha efectuado varios procesos judiciales vinculados con grupos asociados a actos de terrorismo, de acuerdo con el gobierno federal, y otros similares, cuyas actividades e información ha sido clasificada. Por citar algunos ejemplos a los que alude el recurso de referencia, sobresalen la causa penal 43/2006, que involucra a presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), entre ellos Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, quienes supuestamente operaban en las sierras de Guerrero y Veracruz, a quienes se acusó de cometer actos de “delincuencia organizada” y “cometer terrorismo”. También están los casos de los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, y el de Erika Zamora y Efrén Cortez Chávez –testigos del asesinato de decenas de campesinos y estudiantes en la comunidad mixteca El Charco, Guerrero, absueltos de los cargos en 2002 tras cumplir algunos años de prisión–, así como el de Pablo Alvarado Flores, y la extradición de territorio nacional del español Manuel Quintans López, líder del grupo terrorista Ejército Guerrillero del Povo Galego Ceibe, en 2002. Cabe señalar que de acuerdo con la indagatoria efectuada por la PGR, los hermanos Cerezo Contreras fueron acusados de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, almacenamiento de artificios y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas de México. En la resolución en comento –que favoreció a un comunicador de la estación radiofónica XEW, de Televisa Radio– el comisionado Guerrero precisa que la PGR debe difundir no sólo aquellos actos en que se involucre “a grupos terroristas en el país”, sino también en los que existan acusados del delito de terrorismo y otros, como tráfico de armas o narcotráfico, por citar algunos ejemplos. La desclasificación de información sobre esos asuntos –que unilateralmente la PGR habría reservado por un periodo de 12 años–, fueron evaluados en la discusión previa a la sesión plenaria del IFAI y avalados por unanimidad por los cinco comisionados que integran el pleno del instituto.