Ciudad de México.- 25 FEB (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará las participaciones federales de los estados y el actuar de gobernadores, servidores públicos y particulares para sancionar y desalentar la corrupción, conflicto de interés o tráfico de influencias, sin embargo, la figura presidencial seguirá considerándose intocable e incapaz de cometer un ilícito.
Por mayoría de votos y con solo un voto en contra y una abstención, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que se votará este jueves 26 en el pleno de San Lázaro.
Al fijar la posición del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza aclaró que su partido no está de acuerdo en dos aspectos, pero reconoció que “la terca realidad nos lleva a estas definiciones (a aceptarlas). Y las mencionó: la ratificación del titular de la Secretaría de la Función Pública a través del Senado y abrir las cuentas de los gobiernos de los estados para que la ASF audite el destino de las participaciones federales.
“No sé si la ratificación del Senado le dará mayor fortaleza al titular de la Función Pública… pero se acepta. Probablemente tampoco estemos a favor de que las participaciones federales se deban auditar… pero la terca realidad nos lleva a estas definiciones”, admitió De la Garza, quien subrepticiamente criticó al Senado y alabó a Enrique Peña Nieto.
Aunque De la Garza ensalzó a la sociedad civil y dijo que el dictamen es producto de ella, recordó que fue Peña Nieto quien en su campaña ofreció una fiscalía anticorrupción, pero que el documento elaborado y aprobado por el Senado de la República no sólo no llevaba las propuestas de la sociedad civil, sino que además planteaba un “ente con poca eficacia”.
Por ello es mejor este Sistema Nacional Anticorrupción, presumió. Luego urgió al Senado a aprobar este tema, el de la fiscalía anticorrupción.
¿Y el presidente?
Uno de los artículos con más cambios en el dictamen es el 79. En él se establecen las facultades de la ASF, entre las que destaca el poder fiscalizar 98% de los recursos que llegan a los estados a través de las llamadas “participaciones federales”.
El PAN, que finalmente cedió a que se auditen luego de poner algunos candados, como por ejemplo que ello se haga “en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa” con el fin de evitar eventuales golpeteos políticos.
Luego de que los representantes de todos los partidos presumieran como propios los avances en el dictamen anticorrupción, Ricardo Mejía, vicepresidente de Movimiento Ciudadano (MC), criticó el sistema referido.
Y aunque reconoció avances al dotar de más facultades a la ASF, cuestionó que magistrados del Tribunal de Cuentas, el propio auditor superior o el fiscal anticorrupción deben tener “la bendición, o de Los Pinos o de los legisladores”.
Y es que todas estas figuras serán propuestas por el Ejecutivo pero ratificadas por el Senado. Mejía Berdeja recordó que quienes ayer crearon y festinaron la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), son hoy los siete partidos políticos que se levantaron de la mesa por el ‘agandalle’ PRI-PVEM.
“Por eso insisto en que lo de la ASF está muy bien… pero presentar el dictamen como un ‘sistema’ ¡es un exceso!, pues el resto de las instancias involucradas tiene la bendición, o de Los Pinos o de los legisladores”, fustigó.
Luego soltó: “Esta bien fiscalizar las participaciones federales que se entregan a los estados, pero quién fiscaliza al presidente de la República, su actuar sigue en la impunidad. No se precisa el conflicto de interés, y yo pregunto a la oposición, ¿qué pasó con la investigación de la Casa Blanca, la comisión de la cámara que se crearía?”
Machacó: “No puede hablarse de un sistema anticorrupción cuando el gran corruptor que es el presidente de la República sigue en la impunidad”.
El sistema nacional anticorrupción se votará en el pleno de San Lázaro este jueves 26.
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