Agencia Poderes&Azmedios
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado del análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla dictó sentencia condenatoria en contra de seis sujetos que integraban una red de trata de personas que operaba en Chiapas y Tlaxcala, y que fue desmantelada en abril de 2009.
Los sentenciados son Víctor Segundo Sánchez, Antonio Segundo Sánchez, Fortunato Romero Xicontecatl, Angélica Pérez Montejo, Rosalba García López y Ana María Cosme Robles, a quienes les fue impuesta una pena de 9 años de prisión y una multa de 700 días de salario mínimo.
Actualmente, los tratantes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, con sede en Cintalapa.
De acuerdo a las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes, los detenidos conformaban una red de tratantes de personas con presencia en diversos municipios de Chiapas y Tlaxcala, donde enganchaban a menores de edad para luego obligarlas a ejercer la prostitución.
Para ello, contaban con diferentes contactos en el estado de Tlaxcala, en donde las menores permanecían por semanas hasta ser explotadas sexualmente.
Durante el operativo que permitió la desarticulación de esta banda criminal y el rescate de tres de sus víctimas, el 26 de abril de 2009, les fueron asegurados dos vehículos con placas de los estados de Puebla y Tlaxcala, un arma calibre 22 y ocho cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares y copias fotostáticas de credenciales de elector falsas a nombre de las menores.
Al rendir su declaración ante el Ministerio Público investigador, Víctor Segundo Sánchez aceptó y confesó dedicarse a la prostitución de menores, a quienes con el argumento de casarse con ellas, las llevaba, en un primer momento, a la ciudad de Tlaxcala, para luego ser trasladas a Chiapas en donde las obligaba a prostituirse en zonas de tolerancia.
Por su parte, Rosalba García López reveló que Víctor Segundo Sánchez y Antonio Segundo Sánchez tenían como función principal enamorar a las víctimas para después, con la justificación de no contar con un trabajo estable, orillarlas a prostituirse, debiendo entregar una cuota diaria de entre mil 500 y dos mil pesos, para lo cual sostenían hasta 25 relaciones sexuales.
En lo que se refiere a María Angélica Pérez Montejo, según consta en las declaraciones de las propias víctimas, se encargaba de vigilarlas en todo momento para evitar que escaparan y los denunciaran ante las autoridades.
Con esta resolución, el estado de Chiapas obtiene la sentencia número 39 en contra de 52 tratantes de personas, quienes purgan condenas que van de los 9 a los 39 años de prisión.
De esta forma, la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Chiapas refrenda su firme compromiso de seguir velando por los grupos vulnerables y sumar los esfuerzos necesarios que permitan erradicar la denominada Esclavitud del Siglo XXI.
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