TAPACHULA, Chis. (OEM-Informex).- La administración federal destinará este año más de 300 millones de pesos (mdp) para fortalecer el estado de derecho en Chiapas. Representa un aumento de 3 por ciento, respecto a la bolsa del ejercicio anterior. La variación fue originada por el cumplimiento del más de 60 por ciento de los objetivos planteados para rubros como aplicación de exámenes de control de confianza; así como de la reforma al marco penal.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) registró 23 mil 52 denuncias, durante 2013. Significó una baja de 0.19 por ciento, en comparación con el acumulado del año pasado. El rubro y subcategoría con los descensos más destacados fue el de los ilícitos patrimoniales y robo a casa habitación, respectivamente. El organismo fue notificado de 148 mil 613 violaciones a la ley, durante el sexenio anterior.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la Federación asignó para este ejercicio 7 mil 921 millones de pesos (mdp) al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). La partida incrementó 8 por ciento, en contraste con la aplicada en 2013.
Un 90 por ciento del presupuesto fue distribuido con una fórmula por la que las entidades recibieron un monto igual al de hace cuatro años. El resto fue dividido por medio de un procedimiento que ponderó siete criterios.
La operación determinó que el Estado de México (616.1 mdp), Distrito Federal (490.1 mdp) y Veracruz (374.6 mdp) serán los más beneficiados. Colima tendrá la transferencia más reducida (118.1 mdp). Chiapas recibirá 322.9 mdp, es decir, 4 por ciento del total. Será la quinta línea de fondeo más amplia.
Algunas variables que incidieron en la inversión para la entidad fueron: alza de 11 por ciento en los delitos de alto impacto del fuero común.
-por ejemplo, robo-; progreso de 83 por ciento en la evaluación a fuerzas del orden -examinadas 17 mil 730 de las 21 mil 154 personas listadas-; avance en la ejecución del nuevo sistema de justicia penal -está en la cuarta etapa, así como por el gasto en seguridad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la proporción de habitantes que conciben al estado de derecho como un problema en Chiapas, transitó de 37.9 por ciento a 51 por ciento, entre 2011 y 2012.
El crimen costó a la entidad más de 3 mil millones de pesos (mdp). Representó más de un punto porcentual de su Producto Interno Bruto (PIB). Más de 5 por ciento de esa cantidad derivó de los perjuicios de la dinámica económica, según la última encuesta en la materia publicada por el organismo.
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