Por. Vinicio Portela HernándezAgencia Poderes&Azmedios
CHIAPAS.- El Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Procuraduría General de la República, dictó Auto de Formal Prisión en contra de Carlos Ibarra Arguello por posible delito al artículo 375 correspondiente a la Ley del Mercado de Valores, el cual refiere que; la persona que desempeñe empleo, en un intermediario del mercado de valores, incurra en la conducta de realizar operaciones prohibidas por la Ley que resulten en daño patrimonial al intermediario del mercado de valores de que se trate en beneficio económico propio, directamente; en términos del numeral 13, fracción II, del Código Penal Federal.
Carlos Ibarra Arguello, en su carácter de ejecutivo de cuenta y coordinador del departamento de Banca Patrimonial Chiapas, como empleado del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero BANAMEX, realizo las operaciones financieras sin autorización de los clientes, ni del Banco Nacional de México, S.A., entre ellas ventas de diversos instrumentos de valores a su vencimiento, los cuales son de origen bursátil provenientes de contratos de inversión, esto es, instrumentos que se comercializan en el Mercado de Valores, así como transferencias monetarias, expedición de títulos de crédito (sesenta y cuatro cheques apócrifos) y retiros en efectivo.
En días pasados, Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Jefatura de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, dieron cumplimiento a la Orden de Aprehensión en contra de Carlos Ibarra Arguello, librada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en el Municipio de Cintalapa de Figueroa.
De acuerdo a los dictámenes emitidos se concluye que la afectación patrimonial a BANAMEX, es por más de 14 millones de pesos.
El procesado está interno en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce “El Amate”, con sede en el municipio de Cintalapa de Figueroa para resolver su situación jurídica ya que por no considerarse delito grave, podría alcanzar caución, siempre y cuando garantice el quebranto financiero equivalente a los 14 millones de pesos.
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