Tapachula, Chiapas.- Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentaron la orden de aprehensión girada por el Juez Tercero del Ramo Penal en contra de siete elementos de la Policía Municipal de Tapachula por los delitos de Extorsión y Abuso de autoridad.
En el marco de la averiguación previa 44/FEDCI/CJT2/13 que integra la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Inmigrantes, obran 11 imputaciones directas en contra de los indiciados, por parte de sexoservidoras, entre ellas migrantes centroamericanas.
De acuerdo a las indagatorias, los detenidos habrían organizado una red de prostitución, a través de la cual obligaban a las mujeres a entregarles una cuota diaria.
Las denunciantes revelaron que debían entregar cantidades que oscilan entre los 100 y los 300 pesos diarios, de lo contrario eran "levantadas" en patrullas de la corporación y llevadas a casas particulares donde permanecían encerradas como medida de presión.
Además, les exigían que ejercieran la prostitución todos los días, con la finalidad de aumentar la cuota recuperada.
Una de ellas, agregó que "si no les entregábamos el dinero nos obligaban a tener relaciones sexuales con ellos".
Tras la denuncia presentada por diversas sexoservidoras en Tapachula, la Fiscalía Especializada dio inicio a las investigaciones lo que le permitióintegrar en la averiguación previa diversos testimoniales, así como diligencias periciales que confirman la forma de operar de los policías detenidos.
Lo anterior, fomentó el incremento de la prostitución en calles del centro de la ciudad, principalmente sobre la 5ª. Poniente, a un costado de la terminal de corto recorrido.
Ante estos hechos, elementos del grupo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) implementaron un operativo coordinado para lograr la detención de los presuntos extorsionadores.
Los detenidos responden a los nombres de Alfredo Segundo Verdugo Villagrán, Venancio Solís de la Cruz, Lázaro Morales Pereyra, Osmar Gamaliel Guzmán Gómez, Osmar Ramón Nájera López, Antonio Guillén Tambrez Fernández y Julio César Orozco Fernández.
Luego de su detención, fueron puestos a disposición del Juez de la causa e ingresados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 "El Amate", por los delitos de Extorsión y Abuso de Autoridad.
Dichos ilícitos se encuentran previstos y sancionados por los artículos 300 y 301 fracción II y IV; y 420 fracciones II y XII del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas; por los cuales podrían alcanzar hasta 14 años de prisión.
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