Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances en torno a las investigaciones por los hechos registrados la mañana del 5 de mayo en el municipio de Venustiano Carranza, donde dos personas perdieron la vida.
El abogado estatal afirmó que, derivado de los trabajos que realiza el grupo interinstitucional, la calma ha sido recobrada en la localidad y actualmente los pobladores realizan sus actividades de manera cotidiana.
Además, enfatizó que las investigaciones continúan con la finalidad de llevar ante la justicia a todos los responsables, quienes, dijo, se encuentran plenamente identificados.
“La seguridad de las 49 familias está garantizada, actualmente son resguardadas en un albergue, pero también la seguridad de Carranza está garantizada, por ello no permitiremos que estos hechos queden impunes”, señaló.
López Salazar apuntó que en estos trabajos participan elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ejército Mexicano y Marina Armada de México.
De acuerdo a las investigaciones, la madrugada del cinco de mayo alrededor de 100 integrantes de la Casa del Pueblo de Bienes Comunales, quienes portaban armas de fuego, piedras y palos, y desalojaron de forma violenta a 49 familias, anteriormente expulsadas como resultado del conflicto político interno con la dirigencia actual.
Esta agresión tiene como origen una añeja disputa por el control de la Casa del Pueblo, lo que se agravó ante la llegada de José Vázquez Hernández, quien acusó a su antecesor, Bartolomé Pérez Martínez, del extravío de 67 cabezas de ganado vacuno.
Aunado a lo anterior, Vázquez Hernández expulsó a 49 familias y dio inicio a los trámites para que se les desconocieran sus derechos como comuneros, trámite que aún se encuentra en proceso ante la autoridad federal en materia agraria.
Las acciones violentas se registraron en diversos barrios de Venustiano Carranza, entre ellos, San Francisco, El Calvario, Señor del Pozo y San Sebastián.
Durante estos hechos, perdió la vida Sebastián Martínez Gómez. De acuerdo a la necropsia de Ley, la muerte se debió a shock hipovolémico secundario a lesión por proyectil de arma de fuego en la cavidad abdominal, donde se encontró el orificio de entrada del proyectil, con orificio de salida en región derecha de la espalda.
Además, falleció Jorge Luis Gómez Gómez a consecuencia de una falla respiratoria secundaria a herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cuello y fractura de vértebras cervicales, con orificio de entrada en el tercio superior del cuello y orificio de salida en la región de la oreja izquierda.
También, resultó lesionado Bartolomé Velázquez Martínez, con la culata de un arma larga, mientras que Antonio Pérez Mendoza presentó una herida en el antebrazo derecho por proyectil de arma de fuego.
De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la averiguación previa 081/CE36/2013, por los delitos de Homicidio, Lesiones, Daños y Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Actualmente el Ministerio Público ha recabado la declaración de 33 testigos de estos hechos, al tiempo en que se llevaron a cabo la Fe Ministerial, levantamiento de cadáver, dictámenes periciales en materia de necropsia de Ley, fotografías, dictámenes en materia de balística, químico, toxicológico, rodizonato de sodio y prueba de Walker.
De forma inmediata, las autoridades del Gobierno de Chiapas tomaron las medidas necesarias para resguardar la vida y la integridad de las 49 familias afectadas, quienes fueron trasladadas a un albergue de Protección Civil donde reciben alimentación, ropa y atención médica, en presencia de representantes del Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
Asimismo, la Procuraduría estatal les ha brindado atención integral en materia victimológica y psicológica.
En el marco de la integración de la averiguación previa fueron asegurados 42 casquillos percutidos calibre 7.62 X 56, 11 casquillos 7.62 X 39, dos calibre 20, y dos calibre 7.62 X 56, cartuchos percutidos por armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De esta forma, se remitió copia certificada de las actuaciones de la indagatoria a la Delegación de la Procuraduría General de la República por delitos de su competencia, contemplados en la Ley Federal de armas y explosivos, con el objetivo de que el Ministerio Público de la Federación resuelva conforme a Derecho.
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