CHIAPAS.-En las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), derivado de la muerte del bebé Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrida a finales del año 2002 en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.
Los nueve tomos y 33 anexos, que hacen un total de 19 mil 282 fojas, exponen entre otras pruebas incriminatorias, las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Procuraduría de Chiapas, revelan una serie de graves carencias que presentaba el hospital General K de Comitán de Domínguez lo que derivó en la muerte de 22 menores más, entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003.
Lo anterior, se encuentra asentado en los informes emitidos en el año 2003 por la propia Contraloría General del Estado y la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancias que coincidieron en señalar que el hospital - considerado de segundo nivel - no contaba con los especialistas necesarios para brindar atención adecuada, presentaba falta de personal especializado, de medicamentos, instrumental y equipo de las áreas de Gineco-Obstetricia y Pediatría, alto riesgo de contaminación y el personal de limpieza para esta área no contaba con un buen control y manejo de los residuos y materiales infecto-contagiosos.
Por otra parte, en el año 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al procurador general de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.
No obstante, el propio Salazar Mendiguchía ordenó a quien fuera su procurador general de Justicia del estado cesara en las investigaciones por la muerte de los bebés y determinara para las 24 averiguaciones previas iniciadas el no ejercicio de la acción penal, enviándolas de inmediato al archivo como asunto concluido.
Además, de acuerdo a informes emitidos por las secretarías de Hacienda y Salud se encuentra documentado que durante el Presupuesto de Egresos para Ejercicio Fiscal 2002 al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, aunado a un recurso por tres millones 500 mil pesos otorgados por la Dirección General de Patrimonio de la Beneficencia Pública, destinados para la compra de medicamentos y material de curación.
Mientras que la propia Beneficencia Pública otorgó 10 millones de pesos más como ampliación presupuestal para el fortalecimiento de los hospitales generales en el estado de Chiapas.
Sin embargo, del monto total asignado el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos, correspondientes a gasto corriente para el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, por lo que en ningún momento se otorgó dinero alguno para la inversión en infraestructura y equipamiento.
Cabe destacar que, por esta conducta delictiva Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión según lo dispuesto por el Artículo 123 del Código Penal vigente en la época en que ocurrieron los hechos
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