Agencia Poderes
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cumplimentó la orden de aprehensión girada por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en contra de Pablo Salazar Mendiguchía como probable responsable del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, luego de que el Ministerio Público reuniera los elementos probatorios que lo señalan de haber ordenado la fabricación de averiguaciones previas en agravio del abogado Florencio Madariaga Granados.
De acuerdo a las investigaciones, el entonces Gobernador de Chiapas ordenó al Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, detener a Madariaga Granados por haberse opuesto a la aprehensión de Arturo López Martínez, ex gerente general de la Comisión de Caminos del Estado.
El expediente penal contiene la declaración ministerial del propio Herrán Salvatti, quien afirmó haber recibido instrucciones de Salazar Mendiguchía de iniciar averiguaciones previas en contra de diversos servidores públicos que laboraron en el Gobierno interino de Roberto Albores Guillén, “ya que éste y sus colaboradores habían obstaculizado su campaña política, entre quienes se encontraban Arturo López Martínez y Librado de la Torre González”.
Ante ello, dijo, fueron abiertas dichas averiguaciones previas, mismas que se consignaron ante el Juez de la causa.
Posteriormente, el 14 de mayo de 2001, Arturo López Martínez fue detenido en la Ciudad de México, violando una suspensión provisional concedida por un Juez Federal que impedía fuera aprehendido.
Fue entonces que Florencio Madariaga exigió a los elementos de la Procuraduría estatal respetaran el amparo, situación que Mariano Herrán Salvatti notificó a su superior.
“Al notificarle, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que con amparo o sin amparo ejecutara la orden de aprehensión… ordenándome nuevamente iniciar cuantas averiguaciones previas fueran necesarias en contra de Florencio Madariaga Granados y otros ex funcionarios que laboraron durante la administración de Roberto Albores Guillén”, reveló.
Lo anterior fue corroborado por Arturo López Martínez, quien declaró que al encontrarse en el interior del Avión oficial del Gobierno del Estado, en el cual fue trasladado de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, “el Procurador le notificó a Salazar Mendiguchía de mi detención, a lo que el entonces Gobernador dijo por qué no lo detuviste, refiriéndose a Madariaga, invéntale lo que sea pero pronto, lo quiero ver en la cárcel”.
En este sentido, sobresale que a pesar de contar con la protección de la Justicia Federal, Florencio Madariaga Granados fue extraditado del Reino de España por los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido de Funciones y Asociación Delictuosa.
Lo anterior, luego de que fuera consignado en tres ocasiones por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
El cinco de noviembre de 2005 se ejercitó acción penal en su contra en la indagatoria 0036/DAR/AMP03/2001, por los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa, misma que originó la Causa Penal 428/2001 radicada en el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez.
El 22 de febrero de 2006 se ejercitó acción penal en la indagatoria UESP/020/2002-02, por los delitos de Peculado, Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido de Funciones y Fraude.
Y el 28 de febrero de 2006 se ejercitó acción penal en la indagatoria UESP/017/2001-11, por el delito de Enriquecimiento Ilícito.
Como parte de las investigaciones que actualmente realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado, se establece que durante su encargo como titular del Ejecutivo del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, se encontraba obligado a velar por la seguridad jurídica de los gobernados, de acuerdo a los preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado vigente en la época de los hechos, que en su artículo 5º. establece que “…El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobierno del Estado, quien tendrá las facultades, funciones y obligaciones que le señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y las demás disposiciones jurídicas estatales…”.
Por otra parte, Pablo Salazar Mendiguchía enfrenta dos procesos penales más en su contra, por el peculado de 104 millones de pesos y el homicidio de dos bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez en el año 2002.
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