Agencia Poderes
CHIAPAS.-Gracias a que Chiapas cuenta desde el año 2009 con una Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el pasado seis de mayo la Procuraduría estatal logró la segunda sentencia condenatoria en la historia de la entidad, luego de que el Juez de la causa sentenciara a Álvaro Enrique Ullóa Ramos a una pena de 15 años de prisión y multa de mil 750 días de salario mínimo.
Esta sentencia se suma a la dictada por el Juez Segundo Penal del distrito Judicial de Tapachula en contra de Lilian Elizabeth Aguilar, quien cumplirá una pena de 13 años seis meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo.
En lo que corresponde a Ullóa Ramos, fue detenido en febrero de este año tras ser denunciado por dos jóvenes – de 16 y 14 años de edad - quienes afirmaron haber sido enganchadas para permanecer en el hotel “El Bosque”, propiedad del ahora sentenciado.
Las menores agregaron que fueron convencidas de acudir al lugar con la promesa de que viajarían a Tuxtla Gutiérrez en donde les conseguirían un trabajo bien remunerado.
Sin embargo, y tras el paso de los días Álvaro Enrique Ullóa Ramos de 32 años obligó a las jóvenes a consumir bebidas alcohólicas y mantener relaciones sexuales con hombres que él mismo llevaba ex profeso a dicho inmueble.
Ante la gravedad de la situación en que se veían sumergidas, las víctimas decidieron buscar la forma de huir del lugar y dar parte a las autoridades.
De esta forma, denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el calvario que habían vivido, por lo que el Ministerio Público investigador dio inicio a la averiguación previa número 21/IC16/2011 por los delitos de Trata de Personas y Corrupción de Menores Agravado.
Posteriormente y, ante el cúmulo de pruebas recabadas la PGJE consignó la citada averiguación ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acapetahua, quien el 17 de febrero decretó auto de formal prisión en contra del inculpado.
Durante el desahogo de las diligencias, la Procuraduría de Chiapas a través de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa presentó todas y cada una de las pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de Álvaro Enrique Ullóa Ramos, lo que permitió que el seis de mayo pasado la autoridad judicial determinara la sentencia condenatoria por ambos delitos.
Actualmente, el tratante de personas se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 9, con sede en el municipio de Acapetahua, desde donde cumplirá su sentencia condenatoria.
Cabe destacar que, desde su aprobación - por parte del Congreso local a propuesta del Ejecutivo estatal - la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, ha permitido la desarticulación de 28 bandas delictivas dedicadas a este aberrante delito, en diversos municipios de la entidad.
Con estos hechos, el Gobierno de Chiapas por medio de la Procuraduría General de Justicia del Estado hace firme su compromiso con el combate frontal de este flagelo, con la finalidad de continuar garantizando, como hasta ahora, el acceso a una procuración de justicia real, pronta y expedita.
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