Juan Pablo Colli/Poderes
El edificio de la Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur (SPDFS) fue apabullado por cientos de huevos y plátanos lanzados por migrantes que exigieron justicia ante las presuntas irregularidades en las investigaciones de la PGR y otras dependencias federales y estatales.
Víctor Hugo López, abogado de los migrante recordó que el pasado 12 de noviembre del 2010 la PGR a través de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades realizaron un cateo en el Rancho la Herradura donde “rescataron” a cerca de cien centroamericanos.
El jurista relató que de acuerdo a las autoridades estaban siendo víctimas del delito de trata, lo que derivó la consignación de dos personas como presuntos responsables, quienes horas más tarde fueron liberados y se cayó el trato de la dependencia federal.
Alrededor de las 10:00 horas por lo menos unos 20 migrantes de origen centroamericano llegaron hasta la oficinas de la dependencia de Gobierno Estatal para lanzar huevos y racimos de plátano verde contra el edificio de la Secretaría Para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Para la Cooperación Internacional (SODFS), como medida de protesta.
Los quejosos dijeron que ante la presunta retención de 18 días de la que fueron víctimas por autoridades federales.
El representante jurídico establece que las acciones de las autoridades fueron ilegales y arbitrarias, por lo que se logró la liberación de las dos personas consignadas. Añadió que tan es que no estaban siendo víctimas de trata, que las mismas autoridades liberaron a los centroamericanos, en su mayoría de origen guatemalteco, 18 días después de su “rescate”, quienes regresaron al rancho la “Herradura” por su propia voluntad para continuar trabajando.
“El 24 de noviembre la PGR volvió a consignar el expediente “liberando órdenes de aprehensión en contra de Marco Antonio Gómez Losales y Héctor Hernández Cruz, quienes ya están en libertad porque el juez cuarto de distrito no encontró elementos para calificar el delito de trata”, enfatizó.
En ese tenor agregó que la protesta de los migrantes obedece a la exigencia para que las autoridades les paguen la cantidad de 225 mil pesos en sueldos, de los 18 días que estuvieron retenidos los cuales no trabajaron y por tanto no tuvieron un ingreso para sus familias.
Añadió que esto más bien era un proceso de carácter laboral y no de trata de personas, esto porque le dieron intervención a la Secretaria del Trabajo para exigirle al patrón pagara salarios adeudados.
El abogado, anuncio a los medios de comunicación que interpondrán denuncias formales ya que además las pérdidas en el rancho ascienden a los 7 millones de pesos.
Aclaró que la protesta en la SPDFS obedece a que aunque han dicho que este es un asunto de carácter federal, ellos intervinieron pues en comunicados oficiales dijeron que proveyeron de kits de limpieza a los migrantes y ropa “cosa que es mentira y si es así, ellos también son coparticipes de la conducta de haber tenidos privados de su libertada a los migrantes”. Insinuó que estas protestas se extenderán a otras instancias involucradas como FEVIMTRA e INM.
Más tarde Andrea Hernández Fitzner titular de la SPDFS ante los medios de comunicación dijo que la intervención del Gobierno del Estado fue en sentido humanitario de ayuda y atención a los migrantes durante las acciones de las otras instancias además de gestionar la regularización migratoria de quienes lo necesitaran, “nuestra única competencia en un caso expreso de la PGR es garantizar que las personas que estén en el proceso no les falte nada”.
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