Tapachula, Chiapas.-SRN-Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México traiciona al pueblo de Chiapas por oídos sordos de su gobierno y por la impunidad que goza Pablo Salazar Mendicuchia, al saquear los fondos para la reconstrucción por más de 11 mil millones de pesos, en virtud de que la Procuraduría General de la República (PGR) encubre a Pablo Salazar Mendiguchia, por la omisión de dar trámite y desahogar las investigaciones ministeriales relativas a la formal querella interpuesta por los damnificados de Stan el 3 de abril de 2009, dijo Carlos Tapia Ramírez, presidente de la Sociedad Civil del Soconusco y Coordinador del Consejo Regional de Damnificados de Stan.
Por lo tanto –dijo- la Procuraduría General de la República (PGR), tiene la obligación de aplicar la ley e investigar los cuantiosos bienes adquiridos en el país y en el extranjero por Pablo Salazar Mendiguchia, quien goza de opulencia y cuya fortuna mal habida es producto de la rapiña de los fondos para la reconstrucción, que debieron ser destinados para brindar atención a la zona devastada por el huracán Stan en octubre de 2005.
Por otra parte, el Congreso del Estado comete desacato a un amparo federal concedido a Carlos Enrique Tapia Ramírez, líder de los damnificados de Stan, mediante resolución constitucional de noviembre 2007, por lo que los legisladores locales deben atender, de conformidad con el Art. 8º. Constitucional la petición de los damnificados de Stan, dar a conocer los resultados de las auditorias practicadas a la administración pablista a la obra pública de la reconstrucción.
De la misma forma la actual Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debe dar trámite a la demanda de juicio político de julio 2007, interpuesta por los damnificados de Stan, en contra de Pablo Salazar Mendiguchia, por los delitos de peculado y abuso de poder, así como por la violación sistemática a los derechos humanos en contra de chiapanecos, a quienes se prefabricaron delitos para encarcelarlos y perseguirlos injustamente, agregó.
Por un lado, los legisladores locales y federales deben cumplir al pueblo damnificado de Stan, sus compromisos y promesas de campaña de llevar a juicio a Pablo Salazar Mendiguchia y por otro la actual Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debe llamar a comparecer al Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, para que informe el estado actual que guarda la formal querella interpuesta por los damnificados de Stan, afirmó.
El pueblo de Chiapas tiene cifradas las esperanzas de que el gobierno de Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado cumpla con su compromiso y palabra empeñada de concluir al 100 por ciento la reconstrucción de los 41 municipios devastados por Stan de las regiones Sierra, Soconusco, Costa y La Frailesca, mediante acciones como la entrega de los apoyos pendientes a damnificados y la rehabilitación de los fraccionamientos Vida Mejor.
El gobierno de Juan Sabines Guerrero tiene la obligación ética y constitucional de incluir a los damnificados de Stan a los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, con políticas públicas y legislativas que restituyan los derechos humanos y mejores condiciones y calidad de vida a hombres, mujeres, ancianos y niños, de la zona devastada por Stan. Sentenció.
Asimismo es urgente un Plan Emergente para reactivar la economía e impulsar los sectores productivos severamente dañados por el meteoro Stan, que garanticen empleos a la población y la protección de la planta productiva de los diferentes sectores devastados por Stan, que a más de cinco años de la tragedia, aún no logran resarcir los severos daños ocasionados, en especial la cafeticultura.
La sucesión presidencial y el relevo de los poderes locales, están a la vuelta de la esquina y el pueblo damnificado de Stan, tiene memoria y no olvida, que la democracia se siente, pero también se padece. Y esto último es lo que padecemos los chiapanecos, políticos sin memoria, vendedores de ilusiones y compradores de conciencias. Mercenarios de la política, encubridores de delincuentes de cuello blanco, como Pablo Salazar Mendiguchia.
La inseguridad que padece México no es más que la corrupción generalizada que padece en las altas esferas del poder y de sus instituciones de administración y procuración de justicia, como la Procuraduría General de la República (PGR), el propio Congreso del Estado y Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. A ello obedece la impunidad que goza Pablo Salazar Mendiguchia a costa de la tragedia de miles de familias damnificadas y en agravio del erario público, añadió.
En virtud a los oídos sordos del gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y de las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia en México, para llamar a cuentas a Pablo Salazar Mendiguchia, por el fraude perpetrado a los fondos para la reconstrucción, los damnificados de Stan denunciaremos la impunidad prevaleciente, asi como los atropellos y la infamia cometida por la administración pablista ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sostuvo.
La justicia tarde o temprano pero llega y Pablo Salazar debe ser llamado a cuentas, una vez que se le aplique la ley confiscársele todos sus bienes adquiridos en el país y en el extranjero, mediante lavado de dinero producto del fraude a los fondos para la reconstrucción.
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