TAPACHULA, Chiapas.- Después de 18 días de haber permanecido detenidos en la estación migratoria “Siglo XXI”, 108 trabajadores agrícolas guatemaltecos, que supuestamente habían sido rescatados de la presunta explotación en el rancho bananero “La Herradura”, fueron liberados y únicamente les dijeron que podrían viajar a donde ellos quisieran o incluso “regresar a trabajar a la finca”.
Ante ello, apoyados por el alcalde de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, Guatemala, de donde la mayoría es originario, Tito Vázquez, indicaron que presentarán ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos una denuncia por el maltrato y privación ilegal de la libertad sufrida por los trabajadores y en contra del gobierno mexicano.
Y es que todos contaban con documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) como jornaleros agrícolas, motivo por el cual también los cinco detenidos durante el operativo que encabezó la PGR, Fevintra y la Armada de México, obtuvieron su libertad al no haber encontrado el juez elementos para ejercer acción penal.
Arnoldo Calel Galindo, uno de los jornaleros, aseguró que estaban en la finca por su propio pié y que jamás existió una retención forzada para obligarlos a trabajar. “Si uno quería seguir ahí lo hacía, si no, se iba a otro lado”.
Los 108 guatemaltecos, entre ellos tres bebés, varios menores y una niña de 12 años embarazada, acudieron ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en donde recibieron el pago de las semanas trabajadas, pero lo que les correspondía por los 18 días que estuvieron privados de su libertad en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración nadie se hace responsable.
Los jornaleros incluso portaban la misma ropa que el día que fueron supuestamente “rescatados” el 12 de noviembre pasado de la finca “La Herradura” en el municipio de Suchiate. “Nos trajeron para acá, para Migración y nos dijeron que nos iban a pagar, pero en lugar de eso nos encerraron 18 días”.
De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Violencia cometida contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), ellos fueron “rescatados de la presunta explotación que vivían en la finca bananera “La Herradura de Suchiate”, en un mega operativo en el que participaron 80 miembros de la Armada de México y 19 elementos de la AFI, así como ocho psicólogas, tres trabajadoras sociales y tres agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a FEVIMTRA”.
Los jornaleros dijeron que fueron obligados “a punta de pistola” a formarse en una sola fila para subirlos a la caja de un tráiler de la misma finca, para trasladarlos a la Estación Migratoria “Modelo Siglo XXI” en Tapachula, en donde permanecieron en condiciones infrahumanas.
Al obtener su libertad, les dijeron que podrían ir a donde ellos determinaran o incluso regresar a la finca a trabajar, al contar con la documentación necesaria para ello.
El representante legal del rancho bananero, Víctor Hugo López, aseguró que los detuvieron de manera totalmente ilegal, argumentando las autoridades que ellos eran víctimas de explotación y de estar privados de su libertad.
Durante el operativo cinco personas fueron detenidas y consignadas, pero también obtuvieron su libertad porque el Juzgado Cuarto de Distrito no encontró elementos para ejercitar acción penal en su contra. “Hoy no hay un solo detenido por esos hechos”.
DENUNCIA
El alcalde de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, Tito Vázquez, sostuvo que esta es la primera vez que se registra una acción de esta naturaleza y denunció que en el INM no les permitieron dialogar con sus connacionales, se les impidió la entrada y ni siquiera permitieron llevarles alimentos.
“El trabajador tiene sus derechos, lo cual fue vulnerado, la libre locomoción también fue vulnerada, fueron detenidos ilegalmente, con el so pretexto de una protección laboral. Se trató de un secuestro de las mismas autoridades mexicanas en contra de mis hermanos, porque hay niños, mujeres hasta embarazadas, lo que no perdonamos es que nos los hallan medito a la cárcel ilegalmente”, sostuvo.
Indicó que se presentará una queja formal en contra del gobierno de México por la detención ilegal y forzada de los jornaleros agrícolas, además de exigir que sea reparado el daño moral y económico a cada uno de los ellos.
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