SRN/Poderes
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-La decisión de mantener cerrada la mina que la compañía canadiense Blackfire explota en el municipio de Chicomuselo reduce la presión social que había generado la determinación de abrirla nuevamente, reconoció el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.
Asimismo hasta el momento han cesado las presuntas amenazas de muerte que había sufrido el párroco de ese municipio, Eleazar Juárez Flores, quien fue señalado de levantar a la gente para oponerse a la explotación de la mina, dijo.
Arizmendi indicó también que la decisión inicial de un juez que otorgó un amparo a la empresa canadiense que le autorizaba reabrir la mina, cerrada por la Secretaría del Medio ambiente de Chiapas si preocupó a la iglesia católica y manifestó sus esperanzas de que su cierre, promovido por el gobierno chiapaneco, sea definitivo.
Felipe Arizmendi agregó que mientras se comprueban los daños que esa mina causa al medio ambiente no puede trabajar perjudicando a la sociedad y beneficiando a unos cuantos empresarios, lo que nos importa es el bien de la comunidad y no sólo intereses personales.
De igual forma se pronunció porque la explotación de riquezas del subsuelo se legisle adecuadamente, y que los más beneficiados por esa explotación sean los pueblos que son propietarios del lugar donde está la mina.
“No se pueden quedar las riquezas escondidas sin que las aprovechen, pero todos deben ser beneficiados”, agregó el clérigo.
Tampoco se puede olvidar a los empresarios, pero que los pueblos no sean dañados, no solamente en forma inmediata, sino a largo plazo, porque a veces se piensa de inmediato que no hay daños, pero a largo plazo sí, porque las montañas quedan destruidas y se perjudica a los pueblos”, consideró.
Es necesario legislar para que los pueblos sean consultados sobre si están de acuerdo con que los recursos que están en su territorio sean explotados y es igualmente urgente regular que los propietarios originarios sean los más beneficiados, concluyó.
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