Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 ABR (SRN).-Derivado de una queja interpuesta, la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas envió a la Procuraduría General de Justicia del Estado una recomendación en la cual se dan a conocer actos de abuso de autoridad y tortura, realizada por elementos de la policía ministerial.
De acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley en la materia, este organismo realizo las investigaciones respectivas obteniendo que la persona agraviada fue detenida por efectivos de esa corporación, los cuales sin mediar orden presentación o de aprehensión lo detuvieron sin manifestarle el delito que se le imputaba.
De la documental recabada y las investigaciones realizadas, este organismo deduce que es fundada la queja, en virtud de haberse vulnerado derechos humanos relativos a la integridad física y psicológica, así como la dignidad en perjuicio de una persona, por actos cometidos por personal de la ahora Policía Especializada.
Con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CDH determinó que dicha persona fue objeto de tortura y malos tratos físicos y psicológicos, por parte de los elementos de la mencionada corporación, durante su detención, traslado y arraigo.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conducta de los elementos de la Policía Especializada resultó contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica y el irrestricto respeto a los derechos de toda persona a su integridad y dignidad, contenidos en nuestro marco legal, toda vez que al efectuar la acción por la cual le infligieron al agraviado, los sufrimientos expresados, se excedieron en sus funciones y atribuciones al producirle múltiples lesiones en su anatomía, así como en su estado físico y psicológico.
Por lo anterior, este organismo solicitó al Procurador General de Justicia del Estado gire instrucciones para que se inicie procedimiento administrativo de investigación para establecer la responsabilidad administrativa en que pudiesen haber incurrido los elementos de la Policía Ministerial, y de resultarles responsabilidad alguna aplicarles las sanciones correspondientes conforme a derecho.
Así también, se de vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, para que se inicie la investigación correspondiente, y que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, brinde la atención integral a la víctima en el presente caso, con el fin de que puedan coadyuvar en la integración de la averiguación previa que al respecto se inicie, y se promueva la efectiva reparación de los daños ocasionados.
La CDH aclaró que no está en contra de las detenciones de persona alguna, siempre y cuando ésta haya infringido la Ley, si no que en su caso, la detención debe estar debidamente ajustada al marco legal, con el fin de evitar que se vulneren los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y dignidad de las personas.
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