domingo, 30 de agosto de 2009

Investiga PGJE por secuestro, a dos elementos de la Policía Especializada

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por su participación en el secuestro de un hombre originario del municipio de San Juan Cancuc, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes dos elementos de la Policía Especializada, quienes se trasladaron a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de formar parte en un operativo de vigilancia, el pasado 27 de agosto. Los uniformados, tenían conocimiento que en la “Plazuela de Guadalupe” de la colonial ciudad, arribaría un sujeto con un paquete de droga. A las cinco de la tarde del mismo día, llegó al lugar una persona de nombre Hermenegildo Gómez Sántiz a bordo de un vehículo tipo taxi. Los elementos policiacos detuvieron a este último junto al conductor de la unidad, quienes fueron trasladados a una gasolinera ubicada a la entrada de San Cristóbal, donde fueron interrogados, mientras les exigían un número telefónico para comunicarse con sus familiares. Luego de no obtener la información esperada, decidieron dejar en libertad al conductor del taxi, a quien solicitaron hablara con los familiares de Hermenegildo Gómez Sántiz para iniciar con las negociaciones para su liberación. Una vez que entablaron comunicación, les exigieron inicialmente la cantidad de 60 mil pesos a cambio de dejar en libertad a la víctima, a quien trasladaron a un motel ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Cabe destacar que los policías detenidos, Gelacio de Jesús Ramos Álvarez y Raudiel López Puon, fueron los encargados de vigilar a Gómez Sántiz, mientras continuaban con las negociaciones. Luego de un día, pactaron con los familiares la cantidad de 20 mil pesos, los cuales serían entregados a las afueras de un comercio de la capital chiapaneca. Al momento de pretender cobrar el rescate, los policías quienes viajaban con el secuestrado a bordo de un vehículo tipo Tsuru, fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Cabe destacar que los indiciados, quienes confesaron su participación en los hechos delictivos, podrían alcanzar una pena que va de 20 a 60 años por el delito de secuestro, con agravante por tratarse de servidores públicos. De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados; al tiempo de refrendar, una vez más, su compromiso con todos y todas las chiapanecas, de castigar con mano firme todos los frentes de la delincuencia. Recordando que la Procuraduría de Chiapas no permitirá que ningún servidor público se ostente como tal y opere con la delincuencia.

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